De cara a las elecciones del 11 de abril de 2021, donde serán electos convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, algunos parlamentarios han planteado introducir modificaciones a determinados aspectos del sistema electoral chileno, para permitir el voto anticipado y el voto por carta certificada, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, titulada “Voto anticipado y por correo: propuestas para una modernización técnica y gradual”.
Añade el estudio que el sistema electoral chileno es un sistema prestigioso tanto a nivel nacional como internacional, toda vez que cuenta con un Servicio Electoral (SERVEL) competente y con reglas preexistentes que han permitido contar, por décadas, con importantes certezas para el buen funcionamiento de la democracia. Así, la actual regulación e institucionalidad no ha dado espacio a críticas ni acusaciones de fraude electoral. Adicionalmente, al sistema electoral chileno lo caracteriza un elemento central que ha sido fundamental para entregar la credibilidad y certeza que posee hoy: la existencia de múltiples instituciones garantes de las elecciones. El SERVEL; el Tribunal Electoral Nacional (TRICEL); los Tribunales Electorales Regionales; los partidos políticos, a través de los apoderados de mesa; la ciudadanía, a través de los vocales de mesa y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en cuanto a la custodia del material electoral y de la seguridad de los recintos eleccionarios, cumplen un rol fundamental.
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En este contexto, agrega la publicación, el debate de las posibles modificaciones a ser introducidas al sistema electoral debe necesariamente considerar las características específicas de un sistema que ha funcionado bien durante décadas y que, aún con la crisis sanitaria, ha demostrado un desempeño impecable y con alta participación ciudadana. Además, debe tomar en cuenta que una reforma de este tipo requiere de procesos bien diseñados y graduales, para que su instalación e implementación no generen desconfianza y tengan legitimidad de cara a la población. El sistema electoral debe resguardar y fortalecer la legitimidad de origen de los cargos de autoridad pública sujetos a elección popular y, en consecuencia, conlleva la exigencia de ser y de parecer confiable y de otorgar seguridad a los electores.
Por lo anterior, señala la publicación, es importante que el proceso electoral sea transparente, fiable y dé certezas a la población. De allí que una reforma electoral que modernice un sistema que ha demostrado funcionar con credibilidad por parte de las autoridades y la población, debe contar con una mirada amplia, técnica y un análisis profundo de sus fortalezas y debilidades y considerar la experiencia internacional. Por ello es poco probable de conseguir en un debate de tres meses. La alta participación en el último plebiscito (51% del padrón, la más alta desde la instauración del voto voluntario), a pesar de que el país se encontraba en medio de la crisis sanitaria asociada al Covid-19, no se reflejó en una disminución de los electores que sufragaron, lo que debilita el principal fundamento de la reforma legal propuesta.
Agrega la publicación, que los proyectos de voto por correo y voto anticipado presentados por parlamentarios presentan una serie de interrogantes que se deben resolver antes de su implementación, entre ellas, la participación activa por parte la ciudadanía, que exige observar el proceso de cerca y legitimar de primera mano. Proyectos de este tipo requieren de un alto costo por parte del Estado y de compleja logística para su instauración, por lo que se sugiere aplazar su aprobación de manera de contar con una mirada integral e informada antes de avanzar.