La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección contra la Municipalidad de la misma ciudad, por decretar la demolición parcial de un inmueble.

El conflicto surge luego que una comerciante de la comuna de Santiago fuera notificada de un decreto municipal que ordenó la demolición, a su costa, del cobertizo que posee en la fachada de su inmueble en un plazo de 30 días.

La actora accionó de protección y solicitó que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la orden de demolición parcial, acusando que el acto de la Municipalidad es ilegal y arbitrario, ya que se decretó la demolición parcial de su inmueble sin permitirle ejercer descargos en contra de la decisión administrativa de forma oportuna, lo que vulnera su derecho de igualdad ante la ley y su garantía a un procedimiento racional y justo.

La Corte de Santiago rechazó el recurso, al estimar que el acto de la recurrida se encuentra dentro de las facultades de fiscalización y control que la Ley General de Urbanismo y Construcción entrega a los municipios. A su vez, señaló que el cobertizo que posee la actora se construyó en la fachada de una propiedad que detenta la calidad de “inmueble de conservación histórica” con el fin de desarrollar una actividad económica para la cual no se encuentra autorizada, por lo que constituye una obra que se ejecutó de manera ilegal y la decisión de la Municipalidad se adoptó en conformidad al artículo 148 del Decreto N°458.

El máximo Tribunal confirmó la decisión compartiendo los razonamientos del fallo de primer grado.

Vea texto íntegro de la sentencia Corte Suprema Rol Nº129.311-2020 y Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°48.058-2020.