Greenpeace presentó una denuncia ante el Ministerio Público, con la que esperan que se sanciones a quienes resulten responsables por la extracción ilegal de agua que realizaba la Agrícola El Cerrito, propiedad del empresario Andrónico Luksic, desde el canal Asiento en el Valle del Elqui, región de Coquimbo.
Los regantes agrupados en el Canal el Asiento denunciaban que «en propiedad de la Agrícola El Cerrito, del Sr. Andrónico Luksic, existía un estanque artificial para acumular agua, junto con una cañería y una máquina para extraerla», situación que hacía bajar el caudal de agua de manera importante y afectaba el volumen de aguas del canal el Asiento».
Luego, fue el mismo Luksic quien reconoció que la empresa era de su propiedad y pidió que las autoridades sancionaran la situación con «toda la fuerza de la ley» en caso de haber incurrido en una falta grave.
La directora política de Greenpeace, Josefina Correa, señaló que «algunos testimonios señalan que dicha bomba había estado instalada por más de 15 años. La afectación de un robo de agua, en caso de configurarse, es de magnitudes económicas, sanitarias y humanas inconmensurables que el Ministerio Público debe investigar en el uso de sus facultades».
Agregó que «sería relevante que comience a aplicarse el sistema penal para quienes abusan y atentan gravemente contra el interés público en el aprovechamiento de bienes comunes naturales».
También, en el escrito presentado por la ONG ambientalista destacó que la zona donde se realiza la extracción ilegal de agua corresponde a «una cuenca sobre otorgada» y a una zona del país «continuamente afectada a decretos de escasez, catástrofe o emergencia hídrica», lo que hace aún más grave la situación.
El recurso de Greenpeace no es el único que deberá enfrentar la empresa de Luksic, ya que la magistrada Ingrid Guevara, jueza titular del Juzgado de Garantía de Vicuña, acogió la denuncia penal interpuesta por el abogado ambientalista Luis Mariano Rendón en contra del empresario, por el mismo caso.
De acuerdo a Rendón, la denuncia contó con el patrocinio del abogado Cristián Hidalgo y fue presentada por la comisión del delito contemplado en el artículo 461 del Código Penal, referido a la extracción ilegal del agua, ilícito que podría significar una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir de 61 días a 3 años.
El abogado señaló que ahora correspondía que el Ministerio Público iniciase la investigación, la que a su juicio no presenta mayor complejidad, pues los hechos ilícitos estarían ya acreditados y al menos parcialmente confesos, por lo que «espero que exista una sanción ejemplarizadora, que haga realidad en Chile el principio de igualdad ante la ley.
«Es realmente inaceptable que un multimillonario, para aumentar sus ganancias, despoje a pequeños agricultores de su legítimo derecho a regar sus tierras», añadió el también candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 13.
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Por último, dijo que «hay quienes dicen que no hay sequía, sino saqueo. Están profundamente equivocados en lo primero, pues la sequía que golpea al país es muy real y dura. Sin embargo, sí están en lo cierto en que existe también un grave saqueo de los recursos hídricos del país. Ha existido un saqueo legal, a partir del Código de Aguas de la dictadura y también existe un saqueo ilegal, como este caso y otros recientemente descubiertos dejan en evidencia».