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La instancia analizó la materia junto autoridades y expertos.

Comisión de Derechos Humanos del Senado aborda los problemas en la instalación del Mecanismo para la Prevención de la Tortura.

Desde el Comité se transparentó que existen 7 profesionales para visitar los más de 2400 recintos a nivel nacional, para prevenir la tortura.

2 de marzo de 2021

Tras el receso legislativo del mes de febrero, la Comisión de Derechos Humanos analizó los problemas en la instalación del mecanismo nacional para la prevención de la tortura, que mandató en 2019, a través de la ley 21.154, que designó al Instituto de Derechos Humanos (INDH) como el mecanismo de prevención de la tortura que incluye la creación de un comité que pueda realizar visitas no programadas a lugares de detención; sin embargo, su puesta en marcha no se ha plasmado debidamente, se indicó.

El presidente de la instancia parlamentaria, el senado Juan Ignacio Latorre, explicó que la sesión tiene un fin informativo y recordó que a la misma instancia le tocó tramitar la ley que incluye un calendario de implementación “y con todo lo que ha ocurrido en Chile desde octubre de 2019 y ahora en pandemia, es muy importante ver las dificultades de la implementación y los desafíos”.

En tanto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín y la subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, reforzaron la importancia de contar con este mecanismo y el detalle de la tramitación de la ley 21.154. Al respecto se precisó que el pasado 18 de febrero se solicitó de parte del INDH iniciar la tramitación de los decretos que modifican los estatutos del Instituto, “lo que ya está siendo analizada por los equipos”, se manifestó.

DIFICULTADES

Iván Fuenzalida, secretario ejecutivo del Mecanismo de Prevención de la Tortura, detalló el contexto general y las dificultades de la constitución del Comité, que recién se materializó en mayo de 2020, en contexto de pandemia y con cuarentena, advirtió.

En términos operativos recordó que la principal tarea es hacer las visitas preventivas y ad hoc que constituyen el eje central del sistema creado por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura. Al respecto precisó que, preliminarmente, a nivel nacional son 2402 lugares entre recintos públicos y privados de privación de libertad, recintos en el área del adulto mayor, de salud mental y de niños, niñas y adolescentes “los que deben ser visitados por la dotación que tenemos, ¡que son 7 personas! Y se requieren al menos dos para cada visita. Ni la mejor coordinación podría asegurar el desarrollo representativo de visitas al año”.

En la misma línea se refirió Fernando Martínez, director de Valparaíso del INDH, “hay una serie de desafíos como, por ejemplo, un plan de despliegue a nivel país (…) También es importante este esfuerzo de coordinación para potenciar la labor del Comité, los desafíos deben estar alineados en concentrar esfuerzos por erradicar la tortura a través de prevención”.

“LA TORTURA NO SE DETUVO”

En representación de la sociedad civil, expusieron Juana Aguilera e Isabel Mayorga, de la Comisión Ética Contra la Tortura, quienes lamentaron “las prácticas atroces de los agentes del Estado en contra de civiles. Para nosotros es urgente y este impasse del proceso no solo es por la pandemia, porque la tortura no se detuvo. A nuestro juicio el impasse es radicar el Mecanismo en el INDH, que no tiene en su definición la prevención, la tiene ahora”.

Asimismo, llamaron a “un cambio de la cultura institucional, en nuestras Fuerzas de Orden. Este mecanismo, si no cuenta con apoyo desde los tribunales de justicia, difícilmente va a avanzar en el objetivo (…). El trabajo es grande, incluye incluso a la sociedad civil y debe prevenir”.

“El mandato, atribuciones y facultades de los Mecanismos para la Prevención de la Tortura se deben establecer de manera clara y concreta en la legislación nacional, en forma de texto constitucional o legislativo”, sentenció Mayorga.

Durante la sesión también expuso su experiencia Ana María Stuven, ex integrante del Comité de Prevención Contra la Tortura, quien reconoció que los problemas hicieron crisis en los últimos meses. “La autonomía del comité es limitada, no tiene autonomía jurídica, ni presupuestaria. Debe consultar al INDH (…). Problema entre el mandato del Instituto y el mandato del Comité

Agregó que “hay un filtro curricular que podría ejercerse de mejor manera para el proceso de selección de los expertos (…) y suprimir la inhabilidad de postular a quienes hayan sido funcionario público en los últimos 2 años, porque eso limita mucho a los postulantes con mucha experiencia”.

Por último, la abogada de derechos humanos, Karina Fernández, experta en prevención de la tortura y ex investigadora en la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) de Ginebra, se refirió, entre otros, a la importancia de la prevención. “Es importante que hablemos con expertos chilenos para tener un reflejo de nuestra realidad. (…) La pandemia no puede ser que inmovilice”. La abogada manifestó que, tras estudios, a su juicio “el INDH no es el mecanismo más adecuado”.

Cabe precisar que se acordó una nueva sesión para poder debatir sobre las exposiciones y plantear consultas.

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