El 26 de enero de este año se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional que acogió parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados de oposición respecto a algunas normas del proyecto de ley de Migración y Extranjería, aprobado en el Congreso Nacional en diciembre del año pasado, quedando sólo pendiente la promulgación y publicación de la ley en el Diario Oficial para que empiece a regir la nueva normativa.

A partir de entonces, señala la publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, será responsabilidad de la autoridad administrativa avanzar en la rápida implementación del nuevo Servicio Nacional de Migraciones y llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería que será definida por el Ejecutivo, proceso en el que será transcendental actuar con celeridad para afrontar de manera adecuada la ola migratoria que está llegando a nuestro país fruto de la crisis económica en la que se ha sumergido la región a raíz de la pandemia y de la que Chile parece ofrecer mayores oportunidades de recuperación.

La nueva normativa tardó ocho años de tramitación en el Congreso Nacional y viene a sustituir la actual legislación que data de 1975.

Su principal innovación es la creación del Servicio Nacional de Migraciones, el que será el principal responsable de la migración en Chile.

Una de las principales fortalezas de la nueva normativa es que establece un equilibrio entre el legítimo derecho que tiene Chile de definir normas claras de ingreso, permanencia y de expulsión del territorio nacional, junto con establecer derechos y deberes para los extranjeros que deciden residir de forma temporal o permanente en el país.

Si bien algunas de sus normas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, fueron rechazados aquellos puntos del requerimiento presentado por un grupo de diputados de oposición cuyos efectos habrían sido contraproducentes para lograr un sistema migratorio eficaz y ordenado.

La autoridad administrativa, una vez que se publique la ley, quedará emplazada para poner en pronta marcha el nuevo sistema migratorio y pueda comprobarse su eficacia sobre uno de los fenómenos políticos más importantes del último tiempo.

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