La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, por la que se prorroga la exigencia de cuarentena, por un periodo de diez días, a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y se extiende también a los viajeros que lleguen de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.
Al respecto, el alto Tribunal adujo que la Orden -al igual que la que se ratificó el pasado 19 de febrero en la que se impuso la cuarentena por 10 días a los viajeros de Brasil y Sudáfrica- contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción para evitar la propagación de las variantes de Covid-19 en España, tratando de controlar los contagios y proliferación de las variantes, cuando la incidencia es limitada, para evitar una mayor transmisión.
Enseguida, la Sala explica que la medida de exigencia de una cuarentena es idónea para evitar la propagación de la enfermedad y de esas nuevas variantes, según se desprende de las guías publicadas por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) junto con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), sobre test y cuarentena para viajeros aéreos en relación con COVID-19 (Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers. –Addendum to the Aviation Health Safety Protocol) en las que se especifica que las pruebas y la cuarentena de los viajeros son medidas apropiadas para retrasar la importación en un área donde el SARS-CoV-2 aún no está circulando, o una vez que un país o una región ha logrado disminuir los niveles de COVID-19.
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En este sentido, para el tribunal, esta medida sigue las recomendaciones dadas por la Unión Europea en orden a lograr un enfoque coordinado para el control de la pandemia de Covid-19 y nuevas variantes, siendo similares a las medidas adoptadas por otros países de nuestro entorno. Además, resulta finalmente proporcionada, por cuanto es adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, que es evitar la transmisión de dichas variantes en nuestro país, y resulta imprescindible para garantizar la salud pública en la situación sanitaria actual, pudiendo evitarse con la medida la necesidad de adoptar en el futuro próximo inmediato unas restricciones mayores en caso de que se descontrolara la epidemia con las nuevas variantes.
Finalmente, la Sala concluyó que la limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 CE de libre circulación y libertad de desplazamiento, es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física, que no debemos olvidar, determinó en España la declaración del estado de alarma.
Vea texto íntegro del comunicado.