CS acogió recurso de protección deducido contra la CGR y ordenó la tramitación de la pensión solicitada por los recurrentes.

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de protección impetrado en contra de la Contraloría.

El fallo señala que los recurrentes dedujeron recurso de protección en contra de la Contraloría, por haber emitido el Dictamen N°11.424 de 26 de abril de 2019, que declaró que no tenían derecho a mantener sus cotizaciones en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) ni obtener una pensión de retiro en ese régimen, estimando que tal proceder es arbitrario e ilegal y que conculca las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 del de la Constitución, por lo que solicitaron dejarlo sin efecto y ordenar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, pagar su pensión de retiro.

Añade que la recurrida sostuvo que el traspaso de fondos desde la AFP a CAPREDENA, respecto de cada uno de los actores, se materializó a través de las Resoluciones N° 1138 y N° 1692, pronunciadas el año 2017 por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante las cuales se otorgó a los recurrentes las respectivas pensiones de retiro conforme al régimen de CAPREDENA, sin embargo, sometidas al control preventivo de legalidad las resoluciones fueron representadas, en atención a que los recurrentes desempeñaron funciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en calidades que no son de aquellas a que se refiere taxativamente el artículo 1 de la Ley N°18.458, por lo que no podían cotizar en la Caja y tampoco obtener la respectiva pensión, por incumplimiento de los requisitos legales. Además, sostuvo que la decisión recurrida no hizo más que confirmar las representaciones efectuadas en su oportunidad a las resoluciones dictadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que ordenaban otorgar la pensión, precisando que el control preventivo de legalidad es una atribución exclusiva del ente contralor, al igual que lo es la interpretación de las normas previsionales de los funcionarios de la DGAC, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 10 de la Ley Orgánica Constitucional N°10.336.