Ante el Tercer Tribunal Ambiental se realizó la audiencia de alegatos en la reclamación interpuesta por el Comité de Adelanto y Desarrollo Social y Deportivo y Cultural El Huape en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que archivó su denuncia contra el proyecto Compostaje de RIMAT Servicios Ltda., por la presunta elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de la planta que opera en dicho sector de la comuna de Chillán.
Cabe recordar que lA reclamante señala que, (1) la planta procesa más material del aprobado en su resolución sanitaria y superó las 30 toneladas diarias, en reiteradas oportunidades. (2) En el sector existen olores nauseabundos y presencia de vectores atribuibles a la planta. La cancha de compostaje se encuentra en un declive que escurre hacia el río Ñuble. (3) Los camiones que pasan por la población Arturo Alarcón expelen mal olor, lo que hace presumir que no son sometidos a una sanitización después de descargar. (4) Aunque durante el 2020, el volumen de material ingresado disminuyó a 10 toneladas diarias, esto obedecería a la disminución de las actividades económicas, debido a la pandemia. (5) La SMA actúo de manera ilegal y arbitraria al archivar la denuncia y permitir la operación de la planta sin ingresar al SEIA.
Durante su intervención, la reclamante aseguró que desde que inició el funcionamiento de la planta de compostaje los vecinos comenzaron a sufrir la presencia de vectores, como moscas y ratones, empeorando su calidad de vida. Además, destacó que durante 2019 y en reiteradas oportunidades, la empresa superó las 30 toneladas de ingreso diario de material, lo que la ubicaría sobre el límite normativo para ingresar a evaluación ambiental.
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Además, hizo presente que sólo una resolución provisional de la autoridad sanitaria y la situación de menor producción a raíz de la pandemia, ha permitido que durante el último año la planta no supere las 10 toneladas diarias de ingreso de residuos, lo que no garantiza que eso se mantendrá en el tiempo. Los vecinos alegan que la operación de la planta podría además afectar las napas subterráneas, que suministran el 60% del agua del sector, por lo que pidieron que la autoridad ordene un estudio sobre el posible percolado de los residuos, y sobre vectores.
Por su parte, la SMA sostuvo que, n el caso no está en discusión que los eventuales efectos del proyecto, como vectores y posibles problemas de percolados, deben ser fiscalizados y eventualmente sancionados; sino que la controversia se genera sobre qué organismo tiene esa atribución, lo que a su vez, depende de si el proyecto se debe someterse a evaluación ambiental.
Así, de acuerdo a la Superintendencia, el proyecto no cumple con los requisitos para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que su capacidad de tratamiento no supera las 30 toneladas diarias, como lo establece la normativa; por lo que los permisos y fiscalizaciones están a cargo de organismos sectoriales.
Además, calificó como ocasional la superación 30 toneladas de ingreso diario durante el 2019, que correspondió a 16 oportunidades en un año; y que dicha superación fue restringida por una medida provisional dictada por la autoridad sanitaria, que prohibió el tratamiento de lodos sanitarios y de pesca, reduciendo el ingreso a un máximo de 10 toneladas diarias de residuos sólidos.
Finalmente, la empresa RIMAT Ltda, que actúa como tercero coadyuvante de la reclamada, descartó que exista infiltramiento a las napas subterráneas, pues solo trabajan con residuos sólidos; y destacó que el proyecto es permanentemente fiscalizado por la autoridad sanitaria y nunca se ha descubierto malos olores o presencia de vectores. El titular sostuvo que los problemas denunciados por los vecinos podrían originarse en otras fuentes productivas del sector y aseguró que la empresa decidió mantener el máximo de producción autorizado provisionalmente, por lo que no superará las 10 toneladas diarias de ingreso de residuos sólidos.
Vea texto íntegro del expediente, Rol N° R-33-2020.