La pandemia de la COVID-19 ha llevado a un agravamiento de las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas en América Latina, especialmente de mujeres, niños y niñas, que partían ya de un contexto muy difícil por la crisis migratoria venezolana y centroamericana. Existe un desafío adicional debido a que la región soporta el mayor número de solicitudes de asilo en todo el mundo con el 39% del total, con una muy baja tasa de reconocimiento que alcanza solo el 4%, según datos de ACNUR. Y el fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-COVID lo cual lo cual debe motivar a las Defensorías Públicas de la región a actuar con mayor énfasis en la defensa de este colectivo para enfrentar situaciones lesivas a sus derechos humanos. Así coincidieron en señalar los expertos y expertas reunidos en el seminario internacional “El acceso a Justicia de personas en contexto de movilidad en América Latina” organizado por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, cuya gestión lidera la FIIAPP, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González sostuvo que “América Latina presenta serias deficiencias en la garantía del acceso a la justicia para migrantes, lo cual impacta negativamente en el ejercicio de sus demás derechos humanos y favorece la impunidad de los delitos de los que sin víctimas”. “El acceso a la justicia para migrantes debiera incluir no solamente el ámbito penal, sino también el civil, el laboral y el administrativo, entre otros. En situaciones de detención migratoria, procesos de deportación y otros de carácter administrativo es indispensable asegurar dicho acceso” añadió.
En el seminario se expusieron también algunas de las principales conclusiones del diagnóstico “Acceso a la Justicia de personas en contexto de movilidad humana” realizado por EUROsociAL+ a solicitud de AIDEF. Este informe señala, entre otros aspectos, que las dificultades que atraviesan las personas migrantes y refugiadas que buscan regularizar su situación documentaria se ha agravado por las crisis del COVID, pues los procedimientos en muchos países se encuentran suspendidos, con el consiguiente temor y riesgo de ser devueltos a su país de origen. El diagnóstico hace también una descripción de las principales necesidades jurídicas no cubiertas que enfrentan, como el acceso a documentación para la regularización, así como el acceso a derechos como la salud, educación, defensa para la no devolución, expulsiones colectivas y representación legal para las personas procesadas penalmente.
Por otro lado, tal y como recoge el estudio, el 21% de las Defensorías Públicas considera que en su respectivo país —y aún en su propia institución— no se conocen las necesidades jurídicas de las personas migrantes y refugiadas. Además, en un 36% de los casos, las Defensorías no tienen una línea de trabajo específica de trabajo en favor de estos colectivos, sino que están dentro de los servicios que brindan a los usuarios en general, y un 43% de las Defensorías Públicas no tienen un protocolo o instrumento especial para la asistencia jurídica a migrantes y extranjeros. También las Defensorías Públicas han señalado que las asistencias jurídicas que realizan a personas migrantes no cuentan con enfoque de género en un 29% de países, ni adaptada a los niños/as en contexto de movilidad humana.
Esta situación, tal y como señalaron los expertos y expertas reunidos en el seminario, revela la importancia de contar con una red de asistencia regional en aspectos como el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y la orientación jurídica para conocer las vías regulares de entrada y permanencia, así como la difusión de las mejores prácticas de asistencia jurídica.
Por ello, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), coordinada por la Defensoría General de la Nación de Argentina, con el apoyo de EUROsociAL+ y bajo el impulso de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile, ha trabajado en los últimos dos años en una propuesta para la creación de una Red y un Modelo regional de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad que fue presentada en el marco de este seminario.
Tal y como señaló Stella Maris Martínez, coordinadora general de AIDEF, el papel de las Defensorías Públicas para satisfacer las necesidades jurídicas de las personas migrantes y refugiadas es de fundamental importancia ya que, probablemente, “serán una de las pocas instituciones nacionales que puedan brindar la orientación, asesoría jurídica, representación y defensa para que las personas migrantes y refugiadas puedan acceder a sus derechos y a la justicia”.
Los expertos del programa EUROsociAL+, Juan Jiménez Mayor y Carmen Miguel Juan destacaron que el objetivo del Modelo es orientar la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos para mejorar el acceso a la justicia para este grupo de población. Por su parte, la Red de asistencia jurídica para personas en situación de movilidad, que estaría integrada en AIDEF, será un espacio donde los países puedan compartir e intercambiar información en casos concretos, entre otros aspectos.
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“Es una iniciativa única en la región que marcará un hito para lograr un cambio transformador que realmente vincule migración y desarrollo y que implique para estas personas un reconocimiento de su calidad de sujetos de derecho, sea cual sea su situación migratoria”, subrayó el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker.
En la clausura del seminario, el Defensor Nacional (s) y secretario general de AIDEF, Marco Montero celebró la iniciativa de la asociación de defensorías y el apoyo de EUROsociAL+, porque nos permite mejorar y fortalecer el rol de las defensorías públicas de la región como garantes de los derechos de las personas y los derechos humanos de los grupos más vulnerables”.