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Tercer Tribunal Ambiental escuchó alegatos en reclamación contra resolución de la SMA que sanciona a Compañía Puerto Coronel con multa de 37 UTA, por superación de la Norma de Emisión de Ruidos.

La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.

Por Redacción·05 de abril de 2021·2 min de lectura
Tercer Tribunal Ambiental escuchó alegatos en reclamación contra resolución de la SMA que sanciona a Compañía Puerto Coronel con multa de 37 UTA, por superación de la Norma de Emisión de Ruidos.
Referencial

El Tercer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de las partes en la reclamación interpuesta por Compañía Puerto de Coronel S.A. contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por la que la sancionó con una multa de 37 Unidades Tributarias Anuales (UTA, $23.900.000 aproximadamente), por superación de la Norma de Ruidos.

Cabe recordar que en la reclamación se alega que, la resolución impugnada es ilegal, ya que la infracción administrativa se encontraba prescrita al momento de notificar la formulación de cargos. Según la ley, las infracciones ambientales prescriben a los 3 años de cometidas, y sólo la notificación legal de la formulación de cargos pudo interrumpir los plazos de prescripción. En específico, señalan que la SMA no notificó por carta certificada, como explícitamente lo establece la Ley Orgánica que norma su funcionamiento, sino que notificó personalmente a un empleado. Sin perjuicio de esto, además se configuraría el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, ya que pasaron más de dos años desde la emisión del informe de fiscalización y la formulación de cargos. En ese período, la SMA no hizo ninguna diligencia o actuación.

Durante la audiencia, la empresa argumentó que la resolución reclamada es ilegal, ya que la infracción administrativa se encontraba prescrita al momento de notificar la formulación de cargos, lo que habría ocurrido en un plazo mayor a los tres años que contempla la ley.

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