La Corte Constitucional de Colombia protegió los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), quienes deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.
Respecto de los hechos, consta que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zúñiga instauró una tutela contra la Alcaldía de Coromoro y la Gobernación de Santander, debido a la negativa de dichas autoridades de reconstruir el puente “El Derrumbe”, que comunica a las dos veredas y que colapsó en el 2016, producto de las fuertes lluvias. Debido a esta situación, los menores de edad se han visto forzados a transitar hacia la vereda Pueblo Viejo por el terreno circundante al lugar en donde se encontraba el puente, arriesgando sus vidas e integridad personal, puesto que en esa zona es recurrente el desprendimiento y caída de rocas.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que revisó el caso y encontró que, aunque reconoce los esfuerzos que han hecho las autoridades municipales y departamentales para solucionar el problema, no son suficientes porque se trata de paliativos que no resuelven de manera eficaz el problema. Las tres alternativas con que cuentan los menores para llegar al colegio en la vereda Pueblo Viejo implica caminar, por lo menos, de dos a cinco horas, lo cual les impone cargas desproporcionadas para acceder al plantel, sobrepasando el límite de lo razonable.
Enseguida, el fallo expresó que caminar aproximadamente cuatro horas diarias para ir y volver al colegio, y desarrollar una jornada escolar entre cinco y seis horas, no resulta aceptable ni adecuado a las circunstancias de formación de los menores de edad y constituye una auténtica barrera física y geográfica que no se compadece con el componente de accesibilidad del derecho fundamental a la educación. En este sentido, se ha reconocido que las grandes distancias por recorrer son una causa de ausentismo y deserción escolar.
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Luego, el Alto Tribunal advirtió que predomina la pasividad y falta de iniciativa a la hora de darle solución al problema que aqueja a las niñas, niños y adolescentes, por lo que dispuso la conformación de una mesa de diálogo entre las autoridades municipales y departamentales y los habitantes de la vereda Zúñiga para que se elabore un cronograma de trabajo para brindar una solución definitiva. Dicho plan tendrá que ser presentado por la Alcaldía de Coromoro al juez del municipio en un plazo de cuatro meses, quien se encargará de verificar su cumplimiento junto con la Procuraduría General de la Nación y la Personería del lugar.
Posteriormente, La Corte se abstuvo de ordenar la reconstrucción del puente, teniendo en cuenta el concepto de expertos que dan cuenta de la inviabilidad de la obra, debido a la inestabilidad del terreno. Por tal motivo, se concluyó que la emisión de órdenes complejas que no consulten las situaciones físicas, ambientales y presupuestales no lograrán una mejor protección del derecho fundamental a la educación, de ahí que la solución al problema debe adoptarse con la participación de todos los implicados en el caso.
Finalmente, el alto Tribunal estimó pertinente vincular al Ministerio de Educación y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por su calidad de órganos orientadores de la política pública de educación, en particular de la educación rural, y por la importancia que hoy en día tienen los esquemas de educación virtual, en los que se requieren superar las brechas digitales y de conectividad.
Vea texto íntegro del comunicado.