Debido proceso y derecho de propiedad.
Universidad de Chile presenta requerimiento al TC para que declare inaplicable normas que le impedirían contratar con el Estado, en causa en la que fue denunciada por académica que alega vulneración de sus derechos fundamentales.
La Universidad requirente aduce que no resulta lógico ni justo que, frente a una conducta menor, se le pueda hacer además acreedora de una adicional condena que le significará e la imposibilidad de poder concurrir a licitaciones respecto de contrataciones administrativas por un período de dos años.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final del Código del Trabajo.
El primer precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”. Por su parte, el segundo artículo impugnado, expresa que copia de dicha sentencia deberá ser remitida a la Dirección del Trabajo y que dicho organismo, tendrá que llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los que una académica demandó por vulneración de garantías fundamentales a la Universidad de Chile requirente, en virtud de una supuesta conducta omisiva que avalaría un trato arbitrario hacia ella, fundado en sus opiniones políticas y personales.
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