Diario Constitucional

Fallo unánime.

Corte de Antofagasta desestimó recurso de protección deducido por un transportista contra SODIMAC S.A.

La decisión de la recurrida se fundó en el derecho y facultad que tiene para administrar las dependencias comerciales de su propiedad.

Por Redacción·18 de abril de 2021·3 min de lectura
Corte de Antofagasta desestimó recurso de protección deducido por un transportista contra SODIMAC S.A.
Referencial

El actor sostuvo que se desempeña en forma independiente en el rubro de transporte de carga y fletes, trabajando desde hace once años en dependencias de la recurrida, ubicadas en el Mall Plaza Antofagasta, pero que sus labores se vieron afectadas desde marzo de 2019, época en la que se produjo un incidente entre dos de sus compañeros de trabajo, asistiendo posteriormente a una reunión con la gerenta de la recurrida, instancia en la cual expresó su simpatía con la víctima del hecho.

Añadió que, desde ese incidente, y por órdenes del Jefe de Prevención de Pérdidas, él y uno de los terceros involucrados en la riña fueron bloqueados para entrar con sus vehículos a las inmediaciones de bodega o retiro de materiales, debiendo realizar sus servicios desde la salida del establecimiento, denunciando que se trata de una decisión arbitraria, injusta y que redujo sus ingresos económicos, ya que los clientes deben solicitar a la recurrida que permita el ingreso para el retiro de materiales.

Por su parte, la recurrida sostuvo que, en marzo de 2019, se produjo una controversia entre dos terceros ajenos al juicio, y producto de ello, el recurrente -en compañía de uno de los involucrados- solicitó una reunión con el gerente de la tienda, en términos agresivos e impositivos, actitud que mantuvieron durante la reunión, imputando conductas ilícitas a la jefatura. Por ello, el 27 de marzo de 2019, se informó a todos los fleteros –sin excepción- que se les sacaría del sector del estacionamiento de la tienda, pues no se trataba de hechos aislados, y estos generaban amenaza y riesgo a la seguridad. Añadió que, a su juicio, dicha decisión constituyó un actuar arbitrario ni ilegal, pues las medidas adoptadas tuvieron una justificación y se basó en las facultades para administrar sus dependencias como se estime conveniente, así como en la obligación que le impone el derecho del consumidor de velar por la seguridad, integridad y bienestar de sus dependientes y clientes.

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