Corte de Santiago acogió recurso de protección deducido por un cliente en contra del Banco Estado por transacciones fraudulentas.

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección deducido por un cliente en contra del Banco Estado y determinó la vulneración del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución.

El actor sostuvo que, con fecha 10 de noviembre de 2020, presentó un reclamo ante el recurrido al percatarse que en su cuenta corriente figuraban seis transacciones fraudulentas, por un monto total de $1.632.630, quien negó la restitución del dinero, argumentando que la situación en que se desenvolvieron las operaciones no se encontraba contemplada en la Ley N°21.234. Adicionalmente, alegó que el recurrido no entregó información sobre los lugares en que se realizaron las transacciones ni si efectuó una investigación interna al respecto, estimando que no cumplió con su responsabilidad en el cuidado y custodia de los fondos entregados mediante el contrato de cuenta corriente, evidenciando la precariedad de los sistemas de control, así como la nula capacidad de los medios puestos al servicio del cliente para que tales fraudes no ocurran, todo lo cual trasgredió su derecho de propiedad y los artículos 1545 y 1546 del Código Civil.

Seguidamente, expone que el recurrido señaló que siempre ha actuado adoptando una conducta proactiva, asumiendo un rol responsable al informar a sus clientes respecto de las formas en que terceros pueden intentar realizar fraudes electrónicos y que, por el contrario, el actor no allegó antecedentes que permitieran acreditar que en su caso se vulneraron los sistemas de seguridad del banco. Precisó que, en la especie, no procedió la restitución de fondos, toda vez que las transacciones reclamadas se originaron con un pago de servicios, no con transferencias electrónicas y, tales pagos no presentaron condición de error, sino que fueron realizadas con claves secretas, cuyo resguardo son de su exclusiva responsabilidad. De esta forma, afirmó que no existe un derecho indubitado, sino que un conflicto contractual, donde se reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, es decir, en un juicio de lato conocimiento, ante la justicia ordinara o policía local.