CGR dictamina que procede desarrollar a través de sistemas tecnológicos remotos las etapas de participación ciudadana en el procedimiento de modificación del Anteproyecto del Plan Regulador Comunal.

La Municipalidad de Macul consultó a la Contraloría General de la República -a propósito de la modificación al Plan Regulador Comunal de ese territorio que se encontraría en trámite-, si el proceso de participación ciudadana regulado en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), para la etapa de Anteproyecto del Plan, y considerando la extensión de la pandemia por Coronavirus 2019 (COVID-19), puede ser desarrollado a través de sistemas tecnológicos remotos, tal como se autorizó a través del dictamen Nº 10.084, de 2020.

El ente contralor recordó que el aludido pronunciamiento respondió si correspondía que el proceso de consulta pública a efectuar en el marco de los procedimientos de aprobación o modificación de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), en particular las audiencias públicas, fuese realizado a través de “medios digitales y mecanismos electrónicos de participación ciudadana”, en atención a la situación de emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19.

En ese contexto dicho dictamen, junto con enunciar la normativa relativa a la publicidad, transparencia y participación que rige el proceso de elaboración de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, comunales y seccionales, y de sus modificaciones, reiteró que el nombrado brote de COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos, esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad, por lo que se concluyó que resultaba procedente que, ante la singularizada contingencia, el desarrollo de dichas instancias de participación ciudadana se efectuara a distancia a través de medios tecnológicos.