Diario Constitucional

Con disidencia.

TC no emite pronunciamiento en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la planta del SERVEL para adecuarla a la creación de la Región de Ñuble.

Fijar la planta del Servicio Electoral no es una materia que el constituyente haya reservado a ley orgánica constitucional de ese órgano autónomo. Es competencia del legislador ordinario.

Por Redacción·09 de mayo de 2021·4 min de lectura
Tribunal Constitucional
Referencial

El Tribunal Constitucional ejerció preventivamente el control de constitucionalidad del proyecto de ley que fija la planta del Servicio Electoral para adecuarla a la creación de la Región de Ñuble.

La norma que fue objeto de control crea un cargo de Director Regional grado 6° en la Planta de “Directivos afectos al Título VI de la Ley N° 19.882” y un cargo de Directivo grado 9°, en la planta de “Directivos de Carrera”, modificando a tal efecto el artículo 1° de la Ley N° 18.583, Orgánica Constitucional que fija la planta del Servicio Electoral, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 6, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El fallo señala que durante la tramitación legislativa de la iniciativa la Cámara de Diputadas y Diputados, en primer trámite constitucional, estimó que la norma examinada no ostenta rango orgánico constitucional puesto que el artículo 94 bis, inciso final, de la Constitución, preceptúa que las plantas del Servicio Electoral serán establecidas por una ley, es decir, una ley simple, pero que luego, en segundo trámite, en sus informes las Comisiones del Senado votaron el proyecto de ley con quórum de ley orgánica constitucional y dejaron constancia que ese fue el criterio adoptado anteriormente al ser votado el proyecto que se transformó en la Ley N° 20.266, que, en circunstancias análogas al precepto en análisis, creó cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota, lo que fue refrendado por el Tribunal Constitucional al realizar su examen preventivo de constitucionalidad en la STC Rol N° 1135.

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