La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
El precepto impugnado establece, en lo que interesa, que “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”.
La gestión pendiente incide en una demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento sumario, seguido ante el Vigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, actualmente radicada en la Corte de Apelaciones, que conoce de un recurso de apelación, en la que las requirentes, un Condominio y otras personas naturales, pretenden la indemnización de los perjuicios que han sufrido a consecuencia de las graves fallas y defectos que tienen tanto los departamentos y, en general, las unidades de dominio exclusivo, como los bienes comunes de los dos edificios de un Condominio ubicado en la comuna de Lo Barnechea.
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Los requirentes estiman que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que, al no existir una razón jurídicamente legítima, necesaria y proporcionada para limitar la procedencia del recurso de casación en la forma en la reclamación intentada por las requirentes, la excepción consagrada por el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil deviene en arbitraria e injustificada, contraria a la garantía de igualdad ante la ley. Además, sostienen que se vulnera el debido proceso, puesto que las requirentes, estando en una situación análoga a todos aquellos que recurren a la tutela judicial para el resguardo e integridad de sus derechos, se ven privados de acceder a medios de impugnación idóneos para reclamar en contra de una sentencia infundada por carecer de considerandos, por el solo hecho de accionar en un procedimiento regido por una ley especial.
La Sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional confirió traslado a las demás partes de la gestión pendiente por el término de diez días antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°10.873-21.