Diario Constitucional

Preocupación por los hechos de violencia.

CIDH y la Oficina Regional de América del Sur urgen a Brasil a garantizar la protección integral de los pueblos indígenas Yanomami y Munduruku.

La Comisión y Oficina sostienen que es necesario y urgente para terminar con los graves efectos que causan en sus territorios las acciones de invasores que tienen por objeto apoderarse de sus recursos naturales.

Por Redacción·20 de mayo de 2021·4 min de lectura
Imagen: diariodemallorca.es
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresan su extrema preocupación por los hechos de violencia que han afectado a los pueblos indígenas Yanomami y Munduruku en Brasil. En ese sentido, urgen al Estado a cumplir con su deber de proteger la vida, la integridad personal, los territorios y los recursos naturales de esos pueblos.

La CIDH y la Oficina Regional del ACNUDH tomaron conocimiento sobre el enfrentamiento en un territorio Yanomami en Roraima, el 10 de mayo, provocado por mineros ilegales, quienes, según información pública, en presencia de niñas y niños, abrieron fuego contra miembros de la comunidad Palimiú. Según la primera declaración a la prensa de los líderes indígenas el 15 de mayo, dos niños, de 1 y 5 años, fueron víctimas del ataque. Asimismo, el 25 de marzo, se recibió información sobre un ataque contra la sede de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborûn, en la ciudad de Jacareacanga, en el suroeste del estado de Pará. Al respecto, el Ministerio Público Federal ha emitido acciones urgentes a las fuerzas federales para detener la invasión de grupos armados conformados por mineros ilegales, sin que haya respuesta.

Al respecto, la Comisión y la Oficina Regional del ACNUDH han dado seguimiento cercano a las graves vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos Yanomami y Munduruku, producto de las actividades que se realizan en sus territorios, sin su consentimiento, principalmente por parte de mineros ilegales, madereros, y agroindustria. Según información, solo en el territorio yanomami, la reserva indígena protegida más grande de Brasil, se estima la presencia de más de 20.000 mineros ilegales. En palabras de una joven Munduruku se reflejan los graves efectos de tales actividades: «Vemos cómo nuestros bosques se convierten en grandes charcas de barro. Vemos cómo las fuentes de nuestros ríos van sedimentando y cómo sus cursos se van desviando. Vemos cómo desaparecen las sombras de los árboles, cómo disminuyen los frutos que recolectamos, y cómo el agua cristalina del río Tapajós, de los igarapés y de los manantiales, se vuelve cada día más turbia. Vemos, en fin, cómo el humo de los incendios oscurece nuestro atardecer«.

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