Amnistía Internacional denuncia nueva normativa en Venezuela que obliga a las organizaciones civiles a inscribirse en un registro.

El Gobierno de Venezuela dictó una Providencia Administrativa que ordena a todas las organizaciones de la sociedad civil cumplir con la inscripción en un registro para el 1 de mayo de 2021, normativa que recibe el nombre de “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, que fue publicada el 30 de marzo de 2021.

En síntesis, ordena que todas las personas naturales y jurídicas de carácter no financiero deben inscribirse en el registro mencionado antes del 1 de mayo, e impone varios controles que incluyen la entrega del acta de constitución, las actas de las asambleas celebradas, listas de miembros y personal, listas de donantes, registro de movimientos económicos y listas de todos los beneficiarios, como por ejemplo, las víctimas de violaciones de derechos humanos y quienes reciben ayuda humanitaria, y otras organizaciones con las que trabajen.

Amnistía Internacional denunció que esta normativa aplica una presunción de que, a través de las organizaciones civiles, se cometen delitos como el terrorismo o que las ONG son vulnerables a estos delitos, porque no están sujetas a la supervisión de un organismo público específico ni reguladas por una ley especial. Asimismo, que impone restricciones a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, con el fin de controlar y limitar su trabajo en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos, personas que reciben ayuda humanitaria y personas necesitadas.