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Imagen: el periodista
Por 7 votos a favor y 6 en contra.

Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó idea de legislar normativa de Patrimonio Cultural.

Posiciones encontradas genera el mensaje del Ejecutivo sobre una nueva institucionalidad y mecanismos de protección del patrimonio, principalmente, en lo relativo a realizar una consulta indígena previa. Sin embargo, la iniciativa fue aprobada por mayoría en la instancia.

23 de mayo de 2021

Por 7 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Cultura aprobó, en general, el proyecto del gobierno que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural.

El objetivo de la iniciativa es regular la identidad, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural, entendido este último, como manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales, presentes y pasadas, que se encuentran en el territorio chileno.

Para ello se entregan herramientas y recursos para la protección efectiva del patrimonio, con foco en la gestión, procedimientos y plazos. Igualmente, se contempla el equilibrio con representantes del sector público y la sociedad civil en el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y en los Consejos Regionales; se refuerza la participación ciudadana en procedimientos de declaratoria y se potencia un mayor vínculo con los municipios.

Además, el texto amplía las categorías de protección; crea nuevas herramientas a los incentivos y excepciones tributarias, contempladas originalmente, e innova en la protección, la propiedad intelectual de cultores y comunidades de patrimonio inmaterial.

Debate

Antes de la votación, donde cada parlamentario(a) entregó sus argumentos para apoyar o estar en contra de la iniciativa, se produjo un intenso debate con las autoridades del Ejecutivo, a raíz de dos cartas que llegaron a la instancia.

La primera solicitaba no legislar sobre la materia porque señalaba que era un proyecto sin participación y sin consulta indígena, la cual estaba suscrita por más de veinte constituyentes electos, tanto independientes, de izquierda y representantes de pueblos originarios.

Por el contrario, la segunda carta, de la Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua, CODEIPA, valoró la iniciativa porque avanza en la protección del patrimonio cultural, descentraliza las decisiones y da autonomía a las comunidades indígenas. Además, destaca que otorga protección a 30 mil sitios arqueológicos que existen en la isla.

Al respecto, el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, alertó sobre el matiz de la carta de los constituyentes que señalaba que legislar atentaría contra la soberanía de la Convención Constitucional. Explicó que, de acuerdo al artículo 133 de la Carta Fundamental, “legislar no es el objeto de la Convención Constitucional, la soberanía sigue recayendo en la Nación y en los órganos  soberanos para llevar adelante la legislación (Cámara y Senado). La Convención no sustituye la labor del Congreso”, enfatizó.

En tanto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, expresó que hay un sentido de urgencia para legislar sobre el patrimonio: Sostuvo que hay consenso en ciertos aspectos y disenso en otras materias, “pero ellas son revisables y están abiertas al debate”. A su vez, reconoció todos los espacios que se han generado para escuchar diversas opiniones.

Mientras, el subsecretario del Patrimonio, Emilio De La Cerda, valoró las más de cien audiencias que realizó la comisión y se comprometió a realizar una consulta indígena. Indicó que el artículo transitorio de la indicación sustitutiva señala que un año después de publicada la ley, se ingresará el proyecto de ley de Patrimonio Indígena y que, “una vez pasada la pandemia, se puede comenzar con la consulta, es decir, tercer trimestre 2021, de ser posible”.

Argumentos del voto

Desde la oposición, las diputadas y diputados Carolina Marzán, Amaro Labra y Marisela Santibáñez y Florcita Alarcón, fueron enfáticos en rechazar la idea de legislar sin la realización de una consulta indígena previa como lo señala el Convenio  169 de la OIT.

Por su parte, los diputados Alejandro Bernales y Marcelo Díaz reconocieron los avances que implica el proyecto en materia de descentralización, subsidios y definición de categorías de patrimonio, Sin embargo, la no realización  de la consulta indígena también los hizo votar en contra. Incluso, el diputado Díaz invitó al gobierno a suspender la tramitación del proyecto y lanzar la consulta indígena, pero no existió la unanimidad para lograr negociar el punto.

El diputado Daniel Verdessi acogió el compromiso de establecer un cronograma para la consulta indígena que ofreció el Ejecutivo y optó por respaldar la idea de legislar. Ello, al igual que los diputados UDI, RN y Evópoli.

El diputado Luciano Cruz- Coke  indicó que la Ley actual de Monumentos Nacionales está obsoleta hace más de 50 años, y se necesitan acciones para proteger el patrimonio desde el Estado. “Hay sitios patrimoniales y edificios que tienen fallas eléctricas, se queman, se permutan o se venden y es necesario protegerlos”, recalcó.

Para el diputado Renzo Trisotti “se ha desarrollado un trabajo serio, absolutamente participativo y el proyecto significa un profundo avance para solucionar los problemas en los procedimientos de protección y en las atribuciones que se otorgan a las regiones”.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis Boletín Nº12712-24

 

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