Tribunal Constitucional de España avaló la decisión judicial que autorizó escuchar y grabar conversaciones sostenidas en el interior de un vehículo.

El Tribunal Constitucional de España denegó el amparo presentado por la requirente en contra de la resolución dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del Juzgado de lo Penal de Huesca que autorizó la observación, grabación y escucha de las conversaciones sostenidas al interior de un vehículo.

La medida intrusiva fue solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el marco de una investigación por robo ocurrido en una sucursal bancaria, en la que se determinó la existencia de indicios de que el conductor de un vehículo particular habría participado en los hechos. A raíz de lo anterior, el juez penal decretó la medida referida, de conformidad con la regla de habilitación previa contemplada en los artículos 588 bis c, 588 quater y demás de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como consecuencia de la investigación, el demandante de amparo fue condenado como autor de los delitos de integración en grupo criminal; robo con fuerza en edificio abierto al público y tenencia ilícita de armas.