Corte Constitucional de Colombia reiteró el deber de motivar resoluciones que ordenan traslado de internos a otras cárceles, especialmente cuando existe el riesgo de vulnerar el derecho a la unidad familiar.

La recurrente interpuso un amparo en contra de la Resolución del Director Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que ordenó el traslado del esposo de la recurrente del centro de reclusión de Apartadó (Atioquia), al de Cómbita (Boyacá). Con ello, asevera, se habría infringido el derecho fundamental a la unidad familiar, toda vez que esta decisión de traslado habría afectado el sustento del hogar –pues la recurrente vendía los productos de carpintería que el recluso elaboraba– y al bienestar emocional de sus hijas.

Si bien la Magistratura Constitucional estimó que la solicitud de amparo carecía de objeto puesto que la persona recluida había accedido al beneficio de libertad condicional, aprovechó la ocasión para reiterar el deber de motivación que le asiste a la administración.

Al respecto, el fallo constató que no todas las personas privadas de libertad podrán ser recluidas en la proximidad de sus familias. Justamente, por ello, refiere la Corte, se le ha otorgado a la INPEC una facultad discrecional para tomar las decisiones relativas a los traslados. Sin embargo, esa discrecionalidad no debe convertirse en arbitrariedad, de modo que se hace indispensable que la entidad justifique de manera suficiente los criterios y razones que motivaron el traslado, guardando el respeto, en la mayor medida posible, por las condiciones familiares del recluso.