La Corte Federal de Melbourne conoció la demanda presentada por un grupo de 8 estudiantes, quienes solicitaron se declare que el Ministro del Medioambiente tiene un deber de cuidado de los niños frente al calentamiento global, en el contexto de la aprobación de la expansión de una mina de carbón. Estiman que la expansión provocará una emisión de 370 millones de toneladas de dióxido de carbono en los próximos años, por lo que solicitaron al tribunal que prohibiera a la ministra ejercer sus potestades para autorizar la ampliación del proyecto.

En un extenso fallo, que incorpora múltiples estudios científicos sobre las proyecciones del calentamiento global y sus efectos perniciosos, la Corte reconoció la obligación que tiene el Ministro de Medioambiente de emplear un cuidado razonable para evitar causar daños personales a los niños cuando decide aprobar o no un proyecto.

El Tribunal puntualizó que este deber de diligencia no se limita a la aprobación del proyecto de ampliación de la mina Vickery, sino que se extiende a la aprobación de extracción de carbón en general, actividad que expone previsiblemente a los niños a un daño.

Respecto de este último aspecto, el fallo puntualiza que cualquier persona razonable puesta en la posición de la Ministra podría prever que, debido al efecto del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y al consiguiente aumento de la temperatura media global de la superficie, cada uno de los niños estará expuesto, por la aparición de olas de calor o incendios forestales, al riesgo de muerte o de lesiones personales.

Sin perjuicio del reconocimiento del deber que asiste al Ministerio de Medioambiente, el juez desestimó –de momento–la petición que buscaba inhibir las potestades de la ministra para autorizar la expansión de la mina Vickery. El fallo señaló al respecto que “dará a las partes la oportunidad de presentar nuevas alegaciones”. Con todo, reconoció su competencia para dictar una resolución judicial que impida al Ministro de Medioambiente aprobar un proyecto. Sobre el particular, el fallo recuerda que el Ministro es un funcionario del “Commonwealth”, y que el Tribunal tiene competencia para ordenar a los funcionarios que se abstengan de un acto que amanece con infringir un derecho del common law.

El Tribunal reservó para un examen posterior la cuestión de si la pretensión de cesación formulada debe ser o no desestimada.

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