Indulto a violentistas: absoluta falta de sustento, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

Bajo el titulo “Indulto a violentistas: absoluta falta de sustento”, una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo observa que luego que varios candidatos electos de la Lista del Pueblo en la nueva Convención Constituyente anunciaran que no se sentarán a dialogar mientras no se libere a los “presos de la revuelta”, la discusión sobre el indulto por los delitos cometidos durante las protestas que se dieron a partir del 18 de octubre de 2019 ha vuelto al foco del debate público.

Refiere la publicación que tanto la Corte Suprema, como el Ministerio Público, que ya antes habían manifestado su rechazo al proyecto de ley, vuelven a intervenir en el debate. Mientras la Corte criticó la invasión de las atribuciones de los tribunales de justicia y puso de relieve las numerosas falencias técnicas del proyecto, el Ministerio Público reveló datos sobre los eventuales beneficiarios del indulto general, incluyendo el número de personas que podrían recibirlo, los delitos que han cometido, la duración de los procesos y las medidas cautelares a que se encuentran sujetos, y observa que lejos de tratarse de un beneficio para un grupo amplio de la población carcelaria, el indulto beneficiará a un grupo muy reducido de personas, todos los cuales han cometido delitos gravísimos. Descarta, además, que haya habido una duración excesiva de los procesos o un abuso de la prisión preventiva.

Enseguida critica que los constituyentes electos formulen este tipo de presiones porque supone una clara extralimitación de sus facultades. Así como el Congreso no puede intervenir en los procesos judiciales, tampoco pueden los convencionales presionar para que se legisle en uno u otro sentido, agrega la publicación, la que además censura que se condicione el diálogo a la liberación de un grupo de personas que han cometido actos de violencia, y reclama un compromiso estricto con el cumplimiento de las reglas y el rechazo a toda forma de violencia porque de lo contrario resulta muy difícil construir las confianzas necesarias para alcanzar un acuerdo constitucional amplio y representativo, que tenga como resultado una Constitución legítima.