Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura: los Estados deben adoptar medidas de prevención de tortura con perspectiva de género.

En el marco de la conmemoración del del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la afectación desproporcionada de las mujeres privadas de libertad frente a actos de tortura y otras formas de malos tratos. Por ello, urge a los Estados a adoptar medidas con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género que permitan prevenir y combatir estos actos.

En términos generales, la CIDH ha identificado que la situación en la que se encuentra la población penitenciaria en la región se caracteriza, entre otras cuestiones, por niveles de hacinamiento extremos, uso abusivo de la prisión preventiva, deplorables condiciones de detención, y falta de perspectiva de género y tratamiento diferenciado en las políticas penitenciarias. Asimismo, mediante diversos mecanismos, se ha advertido la prevalencia de prácticas de torturas y malos tratos en las prisiones de las Américas. Estas condiciones representarían mayores riesgos para las mujeres –especialmente aquéllas que poseen condiciones que resultan en una mayor discriminación, con base en su edad, discapacidad, etnia, orientación sexual, identidad de género o características sexuales diversas–, y otras personas en situación de vulnerabilidad.

De manera particular, la Comisión Interamericana ha observado que las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de ser objeto de prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, tanto la Corte Interamericana como la CIDH han identificado que las mujeres bajo el control de las autoridades del Estado, encuentran aumentada su exposición a sufrir distintas formas de violencia, acoso y hostilidades, incluyendo de tipo sexual. Al respecto, han sostenido que la violencia sexual contra las mujeres tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para ellas y han reconocido que la violación de una mujer privada de libertad por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente.