Corte Constitucional de Colombia resuelve que el estado de invalidez puede ser demostrado a través de distintos medios probatorios.

La Corte Constitucional de Colombia revocó el fallo dictado por un tribunal que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social del recurrente.

El actor es una persona que padece de esquizofrenia paranoide y que fue declarado interdicto por discapacidad absoluta. En 2014 falleció su padre, quien era beneficiario de una pensión de jubilación por parte de un banco nacional. En el año 2015, la madre del recurrente solicitó a la entidad bancaria el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva y del seguro de vida en calidad de cónyuge sobreviviente, así como la declaración de que el recurrente era beneficiario de la pensión de jubilación atendida su condición de hijo inválido.

El banco negó la calidad de beneficiario del recurrente en varias ocasiones, aduciendo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez (JRCI) había determinado que la incapacidad del recurrente era leve-moderada, por lo que no cumplía con los requisitos legales para acceder a la referida pensión. Frente a la negativa, la recurrente interpuso una acción de tutela, alegando la vulneración de su derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condicionas dignas.