El Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad hídrica del país.

El Mensaje señala que Chile es un país con abundantes recursos hídricos, distribuidos desigualmente a lo largo del territorio y su población. Nuestro territorio posee 101 cuencas hidrográficas, que incluyen 1.251 ríos, 12.784 lagos y lagunas, y 24.114 glaciares, así como 137 acuíferos y 375 sectores hidrológicos de aprovechamiento, de los cuales un 47% se encuentra bajo restricción o prohibición.

Agrega que el cambio climático ha afectado severamente la disponibilidad de recursos hídricos en el país, en donde las proyecciones a futuro indican que Chile es uno de los países que sufrirá una de las mayores disminuciones en disponibilidad de recursos hídricos.

Conscientes de este diagnóstico, distintos gobiernos impulsaron diversas acciones en orden a elaborar políticas de largo plazo que permitan abordar la crisis hídrica que atraviesa nuestro país. La última iniciativa en la materia fue la Mesa Nacional del Agua, instancia público-privada convocada por el actual gobierno que, luego de cuatro meses de trabajo, identificó tres desafíos al respecto.

En primer lugar, mejorar la seguridad hídrica para proveer agua de forma continua en cantidad y calidad suficiente, priorizando el consumo humano y la conservación de los ecosistemas. Enseguida, abordar la protección de los cuerpos de agua y de los distintos ecosistemas hídricos. Finalmente, la creación de una nueva institucionalidad que permita implementar las políticas a largo plazo en la materia.

Es justamente en este último propósito que se inserta el proyecto de ley, cuyo objetivo principal es la creación de una nueva institucionalidad de recursos hídricos que fortalezca su gobernanza, planificación, regulación, inversión en infraestructura y gestión. Esta nueva institucionalidad tendrá como misión velar por el actuar coordinado de la Administración del Estado, guiando el actuar de los organismos públicos con competencias en la materia.

Asimismo, dictará la Política y el Plan Nacional de Recursos Hídricos con la finalidad de diseñar e implementar la estrategia a largo plazo en materia de aguas, privilegiando el consumo humano, la protección delos ecosistemas y favoreciendo una gestión integrada de cuencas. Esta política comprenderá “la gestión, investigación, información pública y aprovechamiento racional de los recursos hídricos; el control de inundaciones y la seguridad de presas; el abastecimiento y el saneamiento de agua para la población, la conservación de los recursos hídricos y la mejora de la calidad del agua, la gestión de la sequía, incluyendo para ello las medidas de prevención y adaptación de los efectos del cambio climático”. Por último, orientará la búsqueda de fuentes alternativas para la obtención de aguas y fomentará una cultura del uso eficiente del agua.

Para ello, el proyecto propone, en primer lugar, la creación de una nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos que integre el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, añadiendo expresamente entre sus objetivos la planificación, administración, fiscalización y regulación de las aguas terrestres.

De esta Subsecretaría dependerán la Dirección General de Aguas y la Dirección General de Obras Hidráulicas, mientras que la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de Hidráulica deberán coordinarse directamente con ella en aquellas materias que sean de su competencia.

Se propone además que la actual Dirección de Obras Hidráulicas deje de existir, pasando sus atribuciones a la nueva Dirección General de Obras Hidráulicas, a la Dirección de Infraestructura Hidráulica y la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Enseguida, el proyecto propone la Creación del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en tanto consejo asesor presidencial que sirva como ente consultivo en la elaboración e implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos, entre otras. El Consejo propuesto estará integrado por miembros del ámbito público y privado, con representatividad regional y nacional, propendiendo a la paridad de género, y de manera equilibrada entre los diversos ámbitos vinculados al recurso hídrico.

En tercer lugar, el proyecto crea la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, instancia permanente de coordinación interministerial integrada por los Ministerios de Obras Públicas y Recursos Hídricos; Agricultura; Hacienda; Desarrollo Social y Familia; Medio Ambiente; Economía, Fomento y Turismo; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; de Minería y Energía.

Entre sus funciones, destaca la elaboración de una propuesta de Política Nacional de Recursos Hídricos para ser presentada al Presidente de la República, previa consulta al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, así como la aprobación, seguimiento e implementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos.

Finalmente, el proyecto contempla la creación de un Comité Técnico de Recursos Hídricos, para la coordinación de los servicios que participan o se relacionan con la gestión de los recursos hídricos desde un punto de vista técnico, así como de un Panel de Expertos de Recursos Hídricos, en tanto órgano consultor de la Dirección General de Aguas para la declaración de áreas de restricción y zona de prohibición de aguas subterráneas, agotamiento de fuentes, medidas que limiten la constitución o ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas, entre otras.

El proyecto pasó a la Comisión de Obras Públicas, a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, y a la Comisión de Hacienda para su discusión y posterior votación.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis en Boletín N° 14.446-09.