La pandemia ha acelerado muchos procesos de digitalización con el fin de facilitar las medidas de distanciamiento. Por ejemplo, la Dirección de Trabajo, entre octubre de 2020 a la fecha, ha cursado vía electrónica unos 70 mil finiquitos por vía digital y 200 mil cartas de renuncia en lo que va transcurrido del año 2021, lo que revela una tendencia y, por lo tanto, amerita una serie de transformaciones para garantizar las mismas condiciones y derechos para los trabajadores y trabajadoras.
Por ello, la Sala despachó por 32 votos favorables y 1 abstención el proyecto que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, con lo cual quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados.
Durante el debate hubo un reconocimiento transversal a la importancia de esta iniciativa que, si bien es simple, «apunta a un tema sensible y humano» pues con la pandemia casi 2 millones de chilenos quedaron sin sus fuentes de trabajo y, por lo tanto, se requieren medidas concretas para garantizar sus derechos, evitar las relaciones asimétricas y facilitar los pagos respectivos. En el voto de abstención, se justificó además por la preocupación ante la adecuada implementación de la iniciativa con el fin de evitar potenciales abusos.
En lo fundamental, el proyecto establece lo siguiente:
La senadora Carolina Goic, en su calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo dio cuenta de las principales enmiendas de esta iniciativa que se refieren a la necesidad de facilitar la utilización de los medios electrónicos. Asimismo, aseguró que «todas las modificaciones que se introdujeron tienen que ver con otorgar al sistema electrónico las mismas condiciones de resguardo que el finiquito presencial para las trabajadoras y trabajadores».
Además el ministro del Trabajo, Patricio Melero, también valoró la iniciativa que resguarda el acceso de todos los trabajadores y trabajadoras para ejercer sus derechos.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe afirmó que «tenemos un buen proyecto que resguarda derechos de trabajadores y permite desburocratizar el estado. Valoro el ánimo con que se trabajó este proyecto donde hubo búsqueda de ideas de común acuerdo para avanzar».
A su turno, el legislador Kenneth Pugh, coincidió en que este proyecto significa «un notable avance no solo para reducir tiempos y costos de estos trámites sino para entender la importancia de la digitalizacion del Estado. Necesitamos más certeza jurídica para cientos de trámites que realiza el Estado y, por eso, requerimos un sistema de interoperatividad».
El senador José Miguel Durana, destacó la importancia de ir acelerando los procesos de scierseguriad para otorgar mayores certezas jurídicas a los trámites, a la vez quienes no tengan acceso a estas plataformas electrónicas también podrán hacerlo de manera presencial
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El senador Juan Antonio Coloma, aseveró que «éste es uno de los proyectos importantes desde el punto de vista humano. Si uno ve la situación de la pandemia, no deja de sorprenderse con las largas filas de personas para certificar trámites que, en el mundo moderno, se pueden realizar de manera telemática. Hay que entender que lo digital tiene un sentido positivo para ayudar a la calidad de vida de las personas».
El parlamentario Rodrigo Galilea precisó que la iniciativa «facilita el término de la relación laboral entre empleador y trabajador y, en este proyecto, se trató de salvaguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que los pagos se realicen de manera efectiva y en las fechas oportunas».
A su turno, el senador Francisco Huenchumilla, valoró la iniciativa y reflexionó «respecto a la cultura de la Dirección del Trabajo en lo relativo a su rol en torno a promover los acuerdos en el marco del término de las relaciones laborales». Asimismo, consultó respecto a la actuación de la Tesorería General de la República y «las garantías para la entrega efectiva de los recursos».
Por su parte, el congresista Claudio Alvarado explicó que esta iniciativa «va en la línea de modernizar la gestión en el ámbito tanto público como privado. Es un sistema que ya está operando más de 70 mil finiquitos ya se han realizado en forma electrónica pues forman parte de los avances logrados con la recientemente aprobada Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo».
A su turno, el senador Alejandro Navarro hizo presente sus inquietudes sobre el resguardo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y pidió conocer mayores detalles sobre las audiencias y si se consultaron a las organizaciones gremiales, puesto que, «en mi experiencia el tránsito hacia trámites electrónicos, usualmente, generan reclamos o problemas para la parte más débil. Aquí hay que recordar que no hay una relación simétrica entre empleadores y trabajadores».
La senadora Ena Von Baer destacó la iniciativa que apunta a un tema fundamental que es «facilitar la vida de las personas y nos muestra cómo avanzar en los distintos ámbitos de la sociedad. Esta pandemia nos ha enseñado que, muchas cosas que se hacían de manera presencial, se pueden efectuar de forma digital y ayudar a evitar el desplazamiento, especialmente de quienes viven en sectores rurales».
Por su parte, el legislador Alfonso de Urresti, se sumó a las dudas respecto a «las garantías que se otorgan hacia los trabajadores porque lo único que los protege es la organización y la presencia de un sindicato pues la situación en la relación laboral es asimétrica. ¿Si el trabajador no acepta este finiquito por vía electrónica de qué manera podrá manifestar su voluntad si no tiene acceso a medios electrónicos?», consultó.
En respuesta a las consultas de los senadores, el subsecretario de Trabajo precisó:
1) Los comparendos de conciliación ante la Dirección del Trabajo van a mantenerse, como ha seguido a la fecha, de manera presencial y, por lo tanto, ese rol insustituible de los Inspectores del Trabajo sigue vigente.
2) El finiquito electrónico regula los casos en que los empleadores envían los finiquitos ya firmados a notaría, para que el trabajador concurra en un tiempo posterior, o el empleador incluso dejaba el finiquito en la Inspección del Trabajo, para que el trabajador lo suscriba en un tiempo posterior, por lo tanto, hasta ahora ambas partes, en ocasiones ni siquiera coincidían.
3) La Tesorería General de la República ha venido operando de manera administrativa desde el año 2019 con los pagos, por lo que este proyecto le otorga el sustento legal.
Vea texto íntegro del mensaje , discusión y análisis Boletín Nº12826-13