Diario Constitucional

Sanción de exclusión improcedente.

Corte Constitucional de Colombia reconoce que los concursos de belleza deben observar las reglas del debido proceso.

Cuando las entidades privadas tienen la posibilidad de proferir sanciones, se activa la garantía mínima del debido proceso, lo que implica la exigencia de legalidad de la descripción de la falta y la obligación de contemplar etapas de verificación probatoria y rendimiento de descargos.

Por Redacción·06 de julio de 2021·3 min de lectura
Durante un procedimiento laboral el empleador debe hacer presente la imposibilidad de reintegrar al trabajador y pagar las indemnizaciones que procedan, resuelve la Corte Constitucional colombiana.
Referencial

La Corte Constitucional de Colombia revocó el fallo dictado por un tribunal que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la recurrente y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por la existencia de un daño consumado.

El caso se refiere a una aspirante al Concurso Nacional de Belleza, quien luego de un proceso de selección fue elegida para representar a su región. Con posterioridad, la entidad a cargo del concurso tomó conocimiento de hechos relacionados con la publicación en redes sociales de videos y fotografías de la recurrente en que habría posado desnuda o semidesnuda, lo que habría importado un incumplimiento de las bases del concurso. Frente a estos hechos, la recurrente interpuso un recurso de amparo, por cuanto estimó que se habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la dignidad humana, a la intimidad, al buen nombre y la honra, en cuanto la entidad accionada no le habría permitido rendir descargos, ni rendir pruebas que permitieran esclarecer las acusaciones que le fueron imputadas.

La Corte Constitucional consideró que la acción presentada carecía de objeto por cuanto el daño ya se había consumado. No obstante ello, al estimar que se produjo una afectación a los derechos fundamentales de la recurrente el fallo, señala que ello “no es óbice para que el juez constitucional se pronuncie sobre la vulneración de los derechos y el alcance de los mismos, y aunque no sea posible ordenar la protección invocada, el juez constitucional debe propender por evitar que estas situaciones se presenten nuevamente.”

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