Proyecto que crea un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad civil del estado respecto de ciertas víctimas del estallido social, es fuertemente criticado en una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

La publicación se inicia señalando que con fecha 27 de octubre de 2020, los diputados Tucapel Jiménez, Camila Vallejo, Marisela Santibañez, Carmen Hertz, Natalia Castillo, Carolina Marzán, Matías Walker, Emilia Nuyado, Pamela Jiles y Gabriel Boric,presentaron un proyecto de ley que busca establecer un procedimiento especial y modificar los requisitos probatorios para determinar la responsabilidad del Estado respecto de ciertas lesiones y muertes que hayan ocurrido en el contexto del estallido social (Boletín N° 13.854-17). Para lo anterior, el proyecto define los conceptos “estallido social”, “víctima” y “movilizaciones sociales en el estallido social”.

El proyecto fue aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputados con fecha 15 de junio del presente año por 76 votos a favor, todos los cuales pertenecieron a los partidos de oposición, 48 votos en contra y 16 abstenciones representadas por los partidos de Chile Vamos. Se hace presente que el Consejo de Defensa del Estado no fue escuchado durante la tramitación del proyecto.

Para entender los efectos que genera el proyecto, hay que señalar brevemente que, nuestra actual regulación sobre responsabilidad civil extracontractual, que permite exigir indemnización, opera cuando hay un hecho ilícito, que ha causado un daño, exigiendo que entre ambos se demuestre un vínculo de causalidad. Asimismo, se debe probar la culpa de quien comete el ilícito y su capacidad para actuar en contra del ordenamiento jurídico.