Convención Constitucional aprueba declaración e insta a los Poderes del Estado a resolver la liberación de las personas detenidas en el marco de las manifestaciones de octubre de 2019.

Por 105 votos a favor, la Convención Constitucional aprobó su primera declaración la que se refiere a la situación de las personas privadas de libertad con ocasión del estallido social y del conflicto político con el pueblo Mapuche.

Al respecto, la declaración señala que, “sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.

En ese sentido, la declaración demanda la tramitación con máxima celeridad del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado[1], debiendo el Ejecutivo dar suma urgencia al mismo, así como también al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos[2].