El caso se refiere a un ciudadano de nacionalidad albanesa que fue detenido en Francia, en ejecución de una orden de registro relativa a una solicitud de detención provisional de las autoridades albanesas con el fin de ejecutar una condena de cuatro años y ocho meses de prisión. El recurrente se opuso a su extradición, esgrimiendo que se le había concedido protección subsidiaria, por lo que no podía ser extraditado mientras esta subsista.
La sentencia recurrida señaló que la concesión de la protección subsidiaria tenía como efecto la prohibición de su entrega durante el período de la protección concedida, pero dicha prohibición –estimó– no afecta la legalidad de la solicitud de extradición.
La Corte de Casación consideró que la sentencia recurrida infringía, entre otros preceptos, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 696-15 el Código de Procedimiento Penal.
Al respecto, el fallo señala que, cuando la persona buscada corre el riesgo de ser sometida a un trato inhumano y degradante en caso de extradición a su país de origen, los tribunales, en aplicación del artículo 3 del CEDH, deben desestimar la solicitud de extradición.
Enseguida, agrega que dicho riesgo se constata cuando se concede a la persona una protección subsidiaria y mientras no se haya puesto fin a dicha protección.
La Corte de Casación anuló la sentencia recurrida y, en consecuencia, declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por las autoridades albanesas.
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