Un 18,9% de las mujeres en el mundo utilizan la ligadura tubaria como método anticonceptivo. Se trata de un procedimiento quirúrgico irreversible o de alta improbabilidad de reversión que, además, posee una alta eficacia.
Es por ello que, en Chile, se exige que la solicitante deba ser adecuadamente informada de las diferentes alternativas anticonceptivas altamente eficaces no definitivas. Asimismo, se deben comunicar los riesgos de este procedimiento. De este modo, se espera que su decisión sea libre y voluntaria.
No obstante, una resolución aprobada por la Cámara con 99 votos a favor, tres en contra y 18 abstenciones, señala en sus antecedentes que “existen varias denuncias de prácticas médicas que exceden con creces el deber de información a la solicitante”. Además, se plantea que dan cuenta, más bien, “de las convicciones del médico respecto a la oportunidad y necesidad del procedimiento”.
El texto agrega que “no son pocos los casos en que los especialistas imponen su postura personal frente a la decisión de las mujeres”. Esto, “sobre todo si se trata de mujeres jóvenes, sanas y sin hijos.”
Se añade que los médicos que se niegan a realizar este procedimiento, sin realizar derivación alguna, violan la Ley 20.584 sobre Derechos y Deberes del paciente y desconocen lo resuelto por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
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Por ello, la resolución pide al Ministro de Salud establecer explícitamente en las “Directivas para los Servicios de Salud sobre esterilización femenina”, que los médicos tienen prohibido imponer su visión personal frente a la decisión de las mujeres que eligen ligar sus trompas de Falopio como método de anticoncepción.
La resolución es una propuesta de los diputados liberales Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic, más los independientes Natalia Castillo y Pablo Vidal.