Igualdad ante la ley.
CS acoge recurso de protección deducido contra la Universidad Adolfo Ibáñez y le ordena permitir que egresado rinda su examen de grado.
El impedir al actor obtener su grado académico por exigencias derivadas de su situación de deuda es discriminatoria y vulnera la garantía contenida en el artículo 19, Nº2, de la Carta Fundamental.
La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Santiago, y acogió el recurso de protección deducido en contra de la Universidad Adolfo Ibáñez y le ordenó que permita al actor rendir su examen de grado.
En su libelo, el recurrente explica que la Universidad le negó rendir su examen de grado en la carrera de Ingeniería Comercial por mantener con dicha institución pagos arancelarios pendientes, a pesar de cumplir con los requisitos académicos para ello.
Agrega que el acto es ilegal y arbitrario, en tanto la facultad que las Universidades tienen para condicionar la rendición del examen de grado al pago de aranceles es otorgada por la Ley 21.091, la cual es posterior a la suscripción del contrato de servicios educacionales con la recurrida.
Comentarios (1)
Jorge San Martín Muy de acuerdo con el fallo revocatorio de la C. Suprema, pues (además de los argumentos esbozados por el máximo tribunal) pareciera que la Universidad Adolfo Ibáñez utiliza la situación de morosidad del alumno como «medida de apremio extrajudicial» para obtener el pago, con este expediente que le priva de llegar a la etapa final en sus estudios, lo que claramente es un exceso. Inclusive, se puede considerar que la casa de estudios obró de mala fe si se comprueba, además que jamás enderezó la respectiva demanda, optando por esta verdadera ‘encerrona’ que le hace al estudiante, quien, tras titularse, tendrá muchas más posibilidades de pagar.
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