La CIDH expresa su preocupación por las múltiples denuncias recibidas respecto de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías del mínimo proceso en el contexto de las protestas que comenzaron el 11 de julio en Cuba.
La Comisión refiere que ha sido informada de “detenciones arbitrarias, incomunicación y falta de defensa de personas detenidas, uso de figuras penales como forma de criminalizar la participación en las protestas, y realización de juicios sumarios que no observan las garantías mínimas del debido proceso legal, así como violaciones a las que se enfrentarían las personas privadas de libertad.”
Por otra parte, expresa que ha sido informada de 805 detenciones, entre los cuales habría una cifra importante de activistas, periodistas, estudiantes, y lideres de movimientos de oposición. Por otra parte, señala que las personas privadas de libertad se encuentran en condiciones deplorables, que no poseen acceso al agua ni a una alimentación adecuada, lo que se ve agravado por el contexto de pandemia. Asimismo, informa que las personas detenidas han sido sometidas a malos tratos.
La Comisión recuerda la obligación de los Estados de garantizar el debido proceso, de informar a las personas detenidas los motivos y razones de su detención y de asegurar una defensa adecuada. Asimismo, puntualiza que los Estados tienen el deber ineludible de “proteger los derechos de las personas bajo su custodia, el Estado cubano debe garantizar el trato digno a las personas privadas de libertad; además de tomar las medidas necesarias a fin de prevenir la comisión de malos tratos en su contra.”
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