Ministerio Público: qué proteger y qué evitar en el proceso constitucional, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

El Ministerio Público (MP) es una institución fundamental en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, por dos razones. La primera, es el organismo encargado de investigar y perseguir los ilícitos penales, las conductas que como sociedad consideramos más dañinas. La segunda, es que el MP -y el sistema de justicia penal en general- representa uno de los mayores poderes del Estado sobre los derechos y libertades de los individuos. Qué principios y valores deben regular al MP en la propuesta de nueva Constitución, es la interrogante que plantea el Instituto Libertad y Desarrollo en una publicación que lleva por título “Ministerio Público: qué proteger y qué evitar en el proceso constitucional”.

Para lo anterior es necesario revisar dos aspectos: el primero es explicitar el sentido institucional del MP, en otras palabras, ¿por qué motivo existe y qué función cumple? El segundo es exponer cómo la actual Constitución lo regula y señalar qué elementos son relevantes para proteger la adecuada función institucional de éste en la propuesta de nueva Constitución.

La publicación refiere que el MP nace en la década de los noventa (1997), a raíz de un proceso de modernización del sistema penal chileno, que significó un profundo cambio de paradigma en la persecución de los delitos en nuestro país. Se lo introdujo en la Constitución como un organismo autónomo y cuyo principal mandato es dirigir la investigación y ejercer -de ser necesario- la acción penal, lo que exigió importantes reformas legales: Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (1999) y Código Procesal Penal (2000). Con ello, se ajustó la persecución penal a estándares democráticos básicos dejándose atrás el sistema penal inquisitivo que rigió durante todo el siglo XX (el juez de instrucción investigaba y juzgaba, lo que no asegura un principio judicial básico: la imparcialidad), que junto al secretismo de la investigación y a la excesiva ritualidad alejaba esa institucionalidad del estándar de un procedimiento justo y racional. Por ello la reforma sustituyó el sistema inquisitivo por un sistema penal acusatorio, separando las funciones de investigar y juzgar. Con ello, se quiere asegurar que la persecución penal sea inmune a los vaivenes políticos y tendencias ideológicas, conciliando dos fines: el castigo de los culpables y la protección de los inocentes.