Norma que impide a Sociedad Anónima de Garantía Recíproca oponer las excepciones propias del juicio ejecutivo, se declara inaplicable por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional acogió, en votación dividida, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declaró inaplicable el inciso noveno del artículo 12 de Ley N°20.179, que señala: “La entidad podrá oponerse, dentro del plazo de cinco días. Su oposición se tramitará como incidente y sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones: 1) Pago de deuda; 2) Prescripción; 3) No empecer el título al ejecutado. En ésta, no podrá discutirse la existencia de la obligación, y 4) Concesión de prórrogas o esperas”.

El CDE dedujo demanda ejecutiva de obligación de dar en contra del requirente, dando origen al juicio ejecutivo seguido ante el Decimosexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. Se despachó mandamiento de ejecución y embargo por la suma total de $750.270.387.-, con fundamento en que la actora habría emitido certificados de fianza con el objeto de garantizar las obligaciones de un contratista, en el marco de un contrato celebrado en marzo de 2018 entre el contratista y el Servicio de Salud Ñuble. Al ser requerida de pago, los certificados no fueron pagados por la requirente, en atención al término anticipado del contrato por supuestos incumplimientos contractuales del contratista. Al contestar la demanda ejecutiva la requirente opuso las siguientes excepciones: (A) Los títulos fundantes de la ejecución no le empecen a AVLA (art. 12 Nº3 de la Ley 20.179), porque la obligación principal fue modificada sin su intervención y porque el Servicio no determinó el monto del perjuicio que habría ocasionado el incumplimiento de la obligación de INGETAL (B) La falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado (art. 464, N°7 del CPC). (C) Caducidad parcial de la fianza (art. 464, N°5 del CPC). (D) Pago (art. 12 Nº1 de la Ley 20.179). El Tribunal declaró inadmisibles las excepciones de los numerales 5 y 7 del artículo 464. Se dictó interlocutoria de prueba resolución que fue recurrida por ambas partes. El Tribunal rechazó el recurso de reposición y concedió la apelación subsidiaria. Actualmente, atendida la emergencia sanitaria y lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N 21.226, se encuentra suspendido el término probatorio. En consecuencia, no existe fallo o sentencia que resuelva el conflicto.

La requirente alega que se vulnera la igualdad ante la ley, pues existe una ley especial -la Nº20.179- que Establece un Marco Legal para la Constitución y Operación de Sociedades de Garantía Recíproca, que, como su nombre lo indica, solo rige a las Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca, normando la tramitación del juicio ejecutivo derivado del cobro de los certificados de fianza que emiten estas sociedades. El procedimiento general para el cobro judicial de los títulos ejecutivos se encuentra establecido en el Código de Procedimiento Civil, cuyo artículo 464 establece dieciocho excepciones que se pueden oponer a la ejecución. El artículo 12, inciso noveno, de la Ley 20.179, en cambio, restringe la defensa del demandado o ejecutado a sólo cuatro excepciones. Así, el precepto legal impugnado ha establecido un tratamiento diferente respecto de las defensas de los títulos ejecutivos regidos por la Ley 20.179 y los demás títulos ejecutivos. Esta diferenciación no es razonable ni objetiva. No existe razón o justificación objetiva y racional para que el precepto impugnado limite el derecho a defensa consistente en impedir a la SAGR oponer otras excepciones más que las 4 ahí establecidas. Es un trato preferente que soslaya toda la estructura orgánica bajo la cual funciona nuestro ordenamiento jurídico.