Derecho a la seguridad social.
Corte Constitucional de Colombia llama la atención al Ejercito respecto de su obligación de garantizar el derecho a la seguridad social de los soldados con VIH.
Las instituciones estatales deben garantizar la existencia de un procedimiento que permita valorar la pérdida de capacidad laboral de manera periódica, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas, catastróficas, progresivas, degenerativas o de una infección con las características del VIH.
La Corte Constitucional de Colombia revocó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que rechazó una acción de tutela y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso administrativo del recurrente.
El caso se refiere a un soldado del Ejercito de Colombia que fue diagnosticado con VIH. En virtud de lo anterior, solicitó, para efectos previsionales, que se le practicara un examen de valoración de pérdida de capacidad laboral, el que arrojó como resultado que este no presentaba incapacidad. Posteriormente, solicitó un nuevo examen, fundado en que, a juicio del recurrente, el VIH estaba afectando su condición de salud tanto física como mental, esta última a causa del rechazo de sus compañeros por la enfermedad que padece. Frente a esta solicitud, no obtuvo respuesta alguna, motivo por el cual dedujo una acción de tutela, la cual fue rechazada en las distintas instancias judiciales.
La Corte Constitucional examinó si el actuar de la recurrida respecto de la negativa a efectuar una segunda valoración de pérdida de capacidad laboral desconoció los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso administrativo del recurrente.
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