Suicidio.
Tribunal Argentino condenó al Estado a indemnizar a la familia de un paciente que se suicidó pocas horas después de ser dado de alta de una institución de salud pública.
Le incumbe al profesional tratante cargar con la prueba de que obró diligentemente, es decir, que empleó los estudios y tratamientos llevados a cabo para dejar al descubierto la imprevisibilidad o inevitabilidad de la conducta del paciente.
El Tribunal argentino confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al Estado provincial por la muerte de un paciente que se suicidó a pocas horas de haber sido dado de alta de una institución pública de salud mental.
El fallo, luego de examinar latamente los antecedentes fácticos del caso, advierte que la institución de salud omitió otorgarle a la víctima “un abordaje interdisciplinario”. Asimismo, refiere que no “existe constancia o registro del que surja que el médico tratante en esa oportunidad hubiera efectuado al tiempo de darle el alta médica una evaluación del riesgo de suicidio.
El tribunal puntualiza que en el ámbito de las enfermedades mentales es “muy complejo apreciar el error de diagnóstico […] y, en algunos casos, dada la complejidad de los cuadros o patologías mentales, es dificultoso prever el acto suicida”.
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