El mensaje, iniciado por el Presidente Sebastián Piñera, modifica la Ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos, con el fin de profundizar los principios de profesionalización, mérito, igualdad de oportunidades y transparencia como motores de un Estado moderno, ágil y cien por ciento al servicio del país y sus habitantes.

Como fundamento, el proyecto señala que los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, sumado a las consecuencias que ha traído la pandemia por COVID-19, han develado la necesidad de una reforma integral al Estado.

Se refiere enseguida a la “Agenda de Modernización del Estado”, que implementó una institucionalidad destinada a brindarle supervisión y continuidad, conformada por el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y el Comité Ejecutivo responsable de implementar las iniciativas.

También realiza un diagnóstico de los avances y falencias que se identifican en los últimos años en el desarrollo de la gestión pública, en particular respecto a la implementación del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y los efectos de la Ley N° 20.955 que perfeccionó dicho sistema y fortaleció la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Luego, plantea las materias de política pública que, a juicio del Gobierno, deben ser mejoradas, en el marco del sistema ADP y la crisis social, política, económica y sanitaria que vive el país.

Entre las principales materias destaca:

Conciliar un justo equilibrio entre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, la agilidad en la provisión de cargos y el desarrollo del talento directivo; Entregar más y mejores oportunidades de desarrollo para los altos directivos públicos, gestionando el talento directivo; Avanzar hacia el mérito para determinar la continuidad de los directivos públicos de segundo nivel jerárquico; Mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de los contribuyentes; Fortalecer la gestión del desempeño directivo, con miras a entregar mejores servicios públicos a la ciudadanía;

Desarrollar nuevas capacidades institucionales en la Dirección Nacional del Servicio Civil para la planificación y análisis prospectivo de estrategias, dotaciones y capacitación en el Estado, así como la promoción de la movilidad horizontal y el desarrollo de los funcionarios públicos; Construir más confianza entre la ciudadanía y sus instituciones, expandiendo el Sistema de Alta Dirección Pública y los principios del mérito y la igualdad de acceso al empleo público.

Se afirma en el Mensaje que el Sistema ADP ha demostrado con el tiempo ser reconocido y valorado por la ciudadanía, no solo por la rigurosidad de sus procesos sino por la “justicia de trato” entregada a los postulantes.

Muestra de esta confianza de la ciudadanía es el continuo incremento de las postulaciones en los procesos de Alta Dirección Pública, llegando hoy a un promedio de 121 postulantes por concurso y alcanzando entre los años 2018 al 2020, un total de 212.516 postulaciones, la mayor cifra de postulación al sistema ADP en un periodo de tres años.

Por otro lado, complementa, la expansión de este Sistema ha sido permanentemente ratificada por el Congreso Nacional, a través de sucesivas leyes que han incorporado más cargos, pasando de 688 posiciones definidas por ley el año 2003 a 4.985 posiciones que hoy son seleccionados con la participación del Sistema de Alta Dirección Pública.

Estos antecedentes muestran que el Sistema de Alta Dirección Pública ha sido una política pública de Estado que le ha hecho bien al país y, por lo tanto, debe seguir expandiéndose.

En este sentido, el proyecto plantea 6 objetivos principales para continuar fortaleciendo el Sistema de Alta Dirección Pública:

• Expandir el Sistema de Alta Dirección Pública, incorporando los cargos de primer nivel jerárquico de Director General de Obras Públicas y Director Nacional de Planeamiento, además de un conjunto de cargos de segundo nivel, como los Directores Regionales del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), el Instituto de Seguridad Laboral y numerosos cargos del sector salud.
• Avanzar hacia el mérito para determinar la continuidad de los directivos públicos de segundo nivel jerárquico, manteniendo la confianza en el primer nivel jerárquico, estableciendo que solo estos últimos se mantengan como de exclusiva confianza para efectos de la remoción, mientras que para los de segundo nivel jerárquico su egreso deberá fundamentarse con motivos de mérito y desempeño.

• Entregar oportunidades de desarrollo y movilidad a los altos directivos públicos, gestionando y reteniendo talento en el Sistema de Alta Dirección Pública, estableciendo que una vacante de Alta Dirección Pública pueda ser cubierta por otro directivo público en ejercicio, ya seleccionado por mérito a través del Sistema ADP.

• Disponibilizar talento a partir de las bases de datos generadas por el Sistema ADP, proponiendo que subsecretarios, jefes de servicio y alcaldes que deban proveer cargos de su dependencia que no formen parte del Sistema de Alta Dirección Pública, puedan solicitar a la Dirección Nacional del Servicio Civil que se les refieran candidatos que cumplan con el perfil requerido.

• Otorgar a la Dirección Nacional del Servicio Civil un rol más activo en el control de la calidad y utilidad estratégica de los Convenios de Desempeño ADP, facultándola para evaluar periódicamente la calidad de la formulación, evaluación y cumplimiento de los convenios de desempeño de altos directivos públicos, de acuerdo a criterios previamente definidos por este organismo.
• Dotar a la Dirección Nacional del Servicio Civil de mayores facultades en el diseño estratégico de políticas de gestión y desarrollo de personas, análisis de dotaciones, coordinación de la capacitación, selección y movilidad horizontal de los servidores públicos, debiendo proponer a inicios de cada Gobierno una Estrategia Nacional de Desarrollo de Personas con lineamientos generales para orientar a la Administración sobre las prioridades en el mediano plazo para la atracción de talento, el desarrollo y el desempeño de los funcionarios públicos.

El proyecto pasó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vea texto del mensaje, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14582-05.