Mínimo vital.
Corte Constitucional de Colombia ampara derechos de mujer a quien se le suspendió la pensión que recibía por la muerte de su pareja.
Existen elementos probatorios suficientes que demuestran un daño inminente a sus derechos a la vida digna y al mínimo vital, dado que el no contar con recursos propios pone en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas.

La Corte Constitucional de Colombia revocó la decisión adoptada por un tribunal mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de derechos fundamentales presentada por la recurrente.
El caso se refiere a una mujer mayor a quien se le reconoció en 1989 y, de forma previsional, una pensión por la muerte de su pareja. El carácter previsional se debe a que, al mismo tiempo, otra mujer reclamó la misma prestación. En el año 2014, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) le comunicó que procedería a suspender la prestación, atendido a que no existe un fallo judicial firme y ejecutoriado que resolviera la controversia. Al respecto, cabe señalar que, al día de hoy, existe una sentencia favorable a la recurrente, la que todavía no se encuentra firme puesto que, en su contra, se interpuso un recurso de casación el que todavía se encuentra pendiente de resolución.
El fallo señala que existen elementos suficientes para considerar que la recurrente es titular del derecho a la pensión de sobrevivientes. Por otra parte, considera que existe un daño inminente de que se produzca un perjuicio irremediable en el caso concreto atendida la situación de vulnerabilidad de la actora, quien no cuenta con los recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
Te puede interesar

Derecho al mínimo vital y a la salud.
Corte Constitucional de Colombia ampara derechos al mínimo vital, a la salud y al debido proceso de una monja que vivía en un Monasterio.

Vida digna y mínimo vital.
Corte Constitucional de Colombia resuelve que el estado de invalidez puede ser demostrado a través de distintos medios probatorios.

Retiro de fondos previsionales.
Corte Constitucional de Colombia determinó que la pensión de vejez debe prevalecer sobre la posibilidad de acceder a la devolución de los saldos cotizados.

