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Prevención de delitos y peligros.

Gobierno busca crear el Ministerio de Seguridad Pública.

Frente al nuevo paradigma de seguridad en que nos encontramos, se requiere una respuesta estatal que establezca un Sistema de Seguridad Pública, encabezado por un Ministerio especializado y técnico, con funciones y atribuciones propias para enfrentar la multicausalidad de peligros existentes.

2 de octubre de 2021

El proyecto de ley, ingresado por el Ejecutivo, crea el Ministerio de Seguridad Pública y establece sus funciones, atribuciones, competencias, organización interna y regional, los órganos asociados, entre otras regulaciones.

A modo de contexto, el mensaje señala que el año 2005, tras un acuerdo transversal de las fuerzas políticas de la época, las fuerzas de orden y seguridad que eran dependientes del Ministerio de Defensa en ese momento, pasaron a depender del Ministerio encargado de la seguridad pública.

Así, durante el 2006 el Gobierno ingresó un mensaje que buscaba crear el Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, durante su tramitación se presentó una indicación sustitutiva que propuso la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a raíz del “Acuerdo Político Legislativo en materia de Seguridad Ciudadana”.

Por lo tanto, el Ministerio del Interior pasó a ser el encargado de la seguridad pública, coordinar los programas gubernamentales con esos fines y estar a cargo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Además, se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Luego, señala que uno de los ejes de su programa del actual Gobierno 2018-2022 fue reconocer la seguridad pública como un asunto prioritario de su gestión, estableciendo objetivos en materia de modernización de las policías, el fortalecimiento de la acción del Estado en la prevención del delito, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la inteligencia al servicio de la seguridad pública la Política Nacional de Control de Fronteras, y la asistencia integral de víctimas de delitos.

Expone que, al inicio del presente mandato, realizaron un llamado para construir un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, a través del cual se constituyó una Mesa de Trabajo transversal, integrada por autoridades de gobierno y oposición, parlamentarios, alcaldes, representantes del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y académicos, quienes elaboraron un informe que abordó la seguridad pública de forma integral.

Este proceso concluyó en 150 propuestas en 5 áreas prioritarias: Modernización y fortalecimiento de las policías, fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado, fiscalización y control de las armas de fuego, rol de los municipios en la seguridad pública y la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal.

En esa línea, el Ejecutivo ingresó, entre 2018 y 2019, por lo menos 7 proyectos de ley con el fin de cumplir con las propuestas realizadas por la Mesa de Trabajo Transversal.

A continuación, el mensaje destaca que el Gobierno ha impulsado el respeto a los derechos humanos en el actuar policial, disponiendo diferentes medidas para profundizar dicho enfoque. Entre otras, se instruyó a Carabineros para que reformularan todos sus protocolos con ocho lineamientos generales otorgados por la autoridad, en la línea de respetar tanto la normativa y los tratados internacionales vigentes, como los derechos humanos.

Además, se creó la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros y se actualizaron las evaluaciones y contenidos de los cursos de derechos humanos. En tanto, la PDI estableció una Política Nacional de Respeto y Promoción de los Derechos Humanos, así como también un Departamento de Derechos Humanos y Equidad de Género.

Sin embargo, reconocen que los hechos ocurridos en octubre de 2019 dieron cuenta de la insuficiencia de los acuerdos alcanzados previamente y la necesidad de avanzar en una reforma a Carabineros de Chile, por lo que se convocó a un Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile, cuyo objetivo general fue complementar el proceso de modernización, para mejorar la eficacia en el control del orden público con pleno respeto a los Derechos Humanos.

Dicho Consejo emitió un informe que realizó propuestas en vistas de generar una nueva institucionalidad a cargo de la dirección estratégica y supervigilancia de la seguridad, sugiriendo revisar la estructura orgánica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y evaluar la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, así como también de modernizar a las policías y reformar la carrera funcionaria.

La importancia de la legitimación policial, agrega el mensaje, ha sido evidenciada por numerosos estudios en la última década, en los que se constata que conduce a valiosos resultados y a una mayor disposición de la ciudadanía a cumplir la ley y las órdenes de la policía, a cooperar con la institución proporcionando información para la prevención y resolución de delitos, a acudir a ellas cuando se requiera ayuda, y en general, a trabajar en conjunto por los problemas de la comunidad.

Así, estiman que el trabajo de reforma de Carabineros de Chile que se ha venido desarrollando en el último tiempo y a través de diferentes instancias ha logrado consensuar numerosos cambios en la estructura de la seguridad del país, los cuales son abordados por el proyecto de ley.

En concreto, la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública viene aparejado, además, de cuatro ejes esenciales: Institucionalidad y Gobernanza; Modernización de la Gestión; Control de Orden Público; Carrera y Formación.

Entre los fundamentos centrales de la iniciativa, esta destaca:

La necesidad de un nuevo paradigma en materia de seguridad, considerando que la función del Estado en seguridad debe ser evitar que las personas resulten dañadas en su vida, su integridad física o su propiedad. La política criminal en los últimos ha estado centrada en los delitos y la respuesta punitiva, descuidando las políticas dirigidas a los factores de riesgo que posibilitan el ecosistema del delito, derivando en una estrategia persecutora más que anticipativa.

Las personas en el centro de la seguridad pública. Un elemento fundamental de toda estrategia estatal de seguridad pública se encuentra la protección de las personas y sus bienes, por lo que las personas deben ser el centro de toda política pública, lo que es aún más claro en materia de seguridad. Evitar daños a las personas y sus bienes, es una de las bases fundamentales del goce y ejercicio libre de sus derechos.

El Sistema de Seguridad Pública debe tener presente la función de prevención para reducir factores de riesgo, ejerciendo una labor de control para proteger a la sociedad, tomando las acciones para perseguir a quienes causen daños o fomenten la existencia de peligros, propendiendo a la reinserción de quienes infringen las normas y brindando apoyo a las víctimas de delitos.

Coordinación del Sistema de Seguridad Pública. La función de seguridad pública del Estado permea a numerosos órganos públicos, que deben contribuir con el cumplimiento de dicho objetivo. El nuevo ministerio será el ente superior de un Sistema de Seguridad Pública, encargado de la coordinación sectorial e intersectorial, constituyéndose como un modelo de gestión de política pública que buscará influir todos los ámbitos que tengan competencias en materia de seguridad.

Dividir las funciones de gestión política de la gestión de seguridad pública. Un ministro encargado tanto de lo político, al ser el jefe de gabinete ministerial del Gobierno, como de la seguridad, puede afectar la capacidad de abarcar desafíos del Estado en materia de conducción política. Por lo tanto, se vuelve adecuado distinguir ambos roles para mejorar la gestión de ambas tareas.

En definitiva, el proyecto de ley:

Crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer institucionalmente dicha labor y otorgarle una mirada integral a la seguridad pública.

Entre sus funciones, destacan el diseño y evaluación de políticas con un enfoque multidimensional de seguridad pública; La coordinación sectorial e intersectorial con otros órganos; El diseño y evaluación de las políticas y planes de prevención del delito, así como para el control y la persecución contra la delincuencia organizada; La coordinación y la evaluación de la ejecución de planes y programas de reinserción social ; El diseño y evaluación de las políticas de ciberseguridad; El diseño y evaluación de políticas de resguardo fronterizo; entre otras.

Se le otorgan competencias para supervisar estratégica, operativa, presupuestaria y administrativamente a las instituciones de Orden y Seguridad Pública, con el fin de reforzar el control civil sobre las policías.

Estará conformado por una Subsecretaría de Seguridad Pública y una de Prevención del Delito y estará desconcentrado territorialmente a través de Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública.

Establece que el respectivo Ministro deberá informar semestralmente al Congreso Nacional acerca de los avances en la implementación y los resultados parciales de los programas de seguridad pública, orden público, resguardo fronterizo, prevención, rehabilitación y reinserción social.

Propone una Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a través de la cual se fijarán los objetivos estratégicos perseguidos por el Estado en materia de seguridad pública, y coordinará las acciones y programas que los demás Ministerios y los servicios públicos desarrollen en relación a ella.

La iniciativa pasó a la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

 

Vea texto del mensaje, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14614-07.

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