Corte Constitucional de Colombia tuteló el derecho a la salud de una mujer venezolana en situación migratoria irregular que padecía de un cáncer avanzado.

El caso se refiere a una acción de tutela interpuesta por una mujer venezolana en contra del Instituto Nacional de Cancerología (INC) por la vulneración de su derecho fundamental a la salud y a la vida. Refiere que, debido a la complejidad de su cáncer se le derivó al INC, institución que le señaló que, para atenderla, debía presentar un salvoconducto expedido por la Oficina de Migración de Colombia. Posteriormente, la recurrente exhibió dicho documento, no obstante lo cual, se le comunicó que no podían tratarla, por ser el tratamiento excesivamente costoso. Al respecto, le señalaron que para iniciar el tratamiento era necesario que estuviera afiliada a una Entidad Promotora de Salud (EPS) que respondiera por los servicios médicos requeridos.

En contra de la negativa la mujer interpuso un recurso de amparo el que fue denegado en dos instancias, por cuanto consideraron los tribunales que no se había vulnerado su derecho a la salud, por cuanto la actora –pudiendo hacerlo– no efectuó los trámites para afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

La Corte Constitucional recuerda los principios fundamentales que rigen el derecho a la salud de las personas migrantes, los que sintetiza del siguiente modo: “(i) el derecho a la salud es un derecho fundamental y uno de sus pilares es la universalidad, cuyo contenido no excluye la posibilidad de imponer límites para acceder a su uso o disfrute; (ii) en Colombia, los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los nacionales y, a su vez, se encuentran obligados a acatar la Constitución y las leyes. Por consiguiente, y atendiendo al derecho a la dignidad humana, se establece que (iii) todos los extranjeros, regularizados o no, tienen derecho a la atención básica de urgencias en el territorio, sin que sea legítimo imponer barreras a su acceso.