El caso se refiere a la detención de un hombre en la frontera de Ucrania, quien carecía de documentos de identidad. El demandante nació en un lugar alejado en la Republica de Sajá, actualmente Rusia. Refiere que al momento de su nacimiento no fue debidamente registrado y que no ha podido obtener ningún documento de identidad.
Luego de su detención se inició un procedimiento de expulsión, y se resolvió mantenerlo en el centro de acogida temporal de extranjeros en situación irregular, por un periodo de máximo 12 meses, mientras se resolvía el procedimiento.
En este contexto, la administración del centro se puso en contacto con la Embajada de Rusia para obtener la documentación del demandante como ciudadano ruso. La Embajada respondió que, sobre la base de la información proporcionada por la demandante y de la que disponía la Embajada, no era posible determinar si el demandante era o no ciudadano ruso.
Finalmente, el actor obtuvo un permiso de residencia temporal en Ucrania y documentos que le identificaban como ciudadano ruso.
El actor denuncia una vulneración del artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) de la CEDH. En particular, reclama que su detención fue innecesaria, que no se examinó la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas y que las autoridades no habían tramitado el proceso de expulsión con la diligencia necesaria.
El fallo advierte que las autoridades ucranianas se enfrentaban obviamente a un reto considerable, por cuanto el detenido era una persona que carecía de documentos de identidad. No obstante lo anterior, señala que las autoridades nacionales, a pesar de tener indicios de que el demandante era ruso, no habían podido explicar por qué tardaron 11 meses en ponerse en contacto con la embajada de Rusia. El TEDH considera que este hecho es suficiente para concluir que las autoridades no emplearon la diligencia debida en el procedimiento de deportación. Por lo anterior considera el fallo que ha habido una violación del artículo 5 § 5 del Convenio.
El TEDH condenó el Estado de Ucrania al pago de 2.000 euros en concepto de daños no pecuniarios.
Vea texto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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