La moción, patrocinada por las diputadas Orsini, Fernández, Yeomans, Hernando, Olivera, Rojas, Santibáñez y Cariola, modifica el Código Penal para establecer un castigo con la pena de presidio menor en su grado mínimo a quien se remueva el preservativo sin el consentimiento de la víctima.
Las autoras de la moción señalan que la pandemia del coronavirus ha revelado los múltiples riesgos a los que están expuestas las mujeres en su vida cotidiana. A comienzos de la cuarentena se dispararon las denuncias por violencia intrafamiliar, además de que existe un fuerte retroceso de la participación laboral femenina.
Añaden que existen muchos otros factores a considerar, como el aumento de la carga de trabajo, una crianza distribuida injustamente por criterios basados en el género o el aumento de la violencia de género en internet debido al aumento de las interacciones por medios electrónicos. Sin embargo, connotan que lo importante es dar cuenta de que estas problemáticas ya existían previamente a la pandemia y que se han exacerbado con la crisis que atraviesa el país.
Estiman que la violencia de género debe seguir siendo enfrentada en todos los ámbitos, por lo que el Estado no puede olvidar la relevancia social que tienen las demandas feministas en medio de la actual crisis sanitaria, económica y política, siendo estas demandas, además, parte de un proceso de transformación feminista que permite canalizar diversos conflictos sociales por los que hoy atraviesa el país.
Si bien se han presentado diversos proyectos de ley para enfrentar problemáticas relacionadas con la violencia machista, contraponen que existen conductas extremadamente lesivas de la autonomía sexual, y eventualmente de la integridad física y corporal, que no han sido consideradas en el debate legislativo, como el stealthing o retiro sin consentimiento del preservativo.
Noticia Relacionada
Consideran que las razones para legislar en torno a ello, son la lesividad que puede tener en las personas, como una eventual transmisión de una enfermedad o infección sexual o el daño a la salud mental que se puede producir. Además, debe considerarse como una forma de agresión a la autonomía sexual, en la medida que no existió el consentimiento para remover el condón. En ese sentido, proponen que el delito sea considerado como un tipo de abuso sexual específico, que se realiza mediante el aprovechamiento de la confianza necesaria para la realización del acto sexual.
El proyecto modifica el Código Penal para castigar el retiro no consentido del condón durante la práctica sexual como un tipo de abuso sexual, con una pena de presidio en un rango de 61 a 541 días.
La iniciativa pasó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara.
Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14665-34.
y cómo se probará?