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Participación Ciudadana.

Proyecto modifica el Reglamento de la Cámara Baja para establecer el derecho a la participación y la transparencia en el proceso legislativo y disponer la creación de sedes institucionales en todo el país.

La iniciativa toma como referencia el espacio cultural nacido al alero de la oficina parlamentaria del Diputado Gabriel Boric, el cual se constituyó como un espacio dedicado a la cultura y un lugar de encuentro para las organizaciones de la sociedad civil de Magallanes.

28 de octubre de 2021

La iniciativa, patrocinada por los Diputados Boric, Núñez, Díaz, Crispi y Winter y las Diputadas Cariola, Mix, Pérez, Sepúlveda y Yeomans, modifica el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados para establecer y regular el derecho de las personas a la participación y transparencia en el proceso legislativo y establecer sedes de la Cámara en cada distrito del país para hacer efectivo ese derecho.

Los autores señalan que, el espacio cultural de la oficina parlamentaria del Diputado Boric que toman como referencia, hoy funciona de manera autónoma y con financiamiento propio. Destacan que anualmente se realizan cerca de 50 actividades en promedio y lo visitan aproximadamente mil personas. En 8 años de funcionamiento 600 estudiantes han cursado el preuniversitario gratuito que brinda el espacio “La Idea”, haciéndose parte del tejido social de la región.

En este espacio, connotan, se desarrollan actividades autogestionadas por la comunidad, tales como producciones culturales e históricas, expresiones de literatura, arte, música, poesía, generando un espacio de desarrollo cultural en el distrito sin importar la vinculación política que se tenga.

Estiman que la Cámara de Diputadas y Diputados puede ser un aporte para la reconstrucción del tejido social del país, más aún en un contexto en que la crisis de la pandemia ha golpeado fuertemente el desarrollo cultural.

Las oficinas parlamentarias pueden a su vez ser un elemento de apertura institucional y participación ciudadana en el parlamento, siendo este espacio uno de los pilares de todo sistema democrático.

Desde hace más de una década, exponen, existe fuerte consenso en la academia de que la transparencia y la participación ciudadana incidente en el quehacer de los parlamentos es fundamental para la legitimidad democrática. En septiembre de 2012, recuerdan, durante la World E-Parliament Conference, en Roma, surgió la Declaración de Principios sobre la Transparencia Parlamentaria promovida por múltiples organizaciones mundiales de la sociedad civil dedicadas al monitoreo parlamentario, la que buscó visibilizar esta demanda con el objetivo de avanzar hacia mayor participación ciudadana, instituciones más representativas y, en consecuencia, sociedades más democráticas.

Luego, mencionan una serie de iniciativas nacionales e internacionales que han buscado democratizar la labor parlamentaria e incentivar la participación ciudadana en el proceso legislativo, así como la experiencia comparada que existe respecto a este tipo de iniciativas.

De lo anterior, desprenden que la creación de oficinas de participación ciudadana, la promoción de una información adecuada y la participación de las organizaciones sociales en la construcción de leyes y la socialización de las leyes aprobadas por el pleno del Congreso Nacional son elementos clave para la democratización política.

Actualmente, puntualizan, la Cámara puede llegar a desembolsar hasta un millón y medio de pesos por arriendo de oficinas parlamentarias, a pesar de que muchos de estos espacios se encuentran cerrados a la ciudadanía y no son eficientes en la labor de vinculación del trabajo.

Por ello, estiman prudente replantear esa asignación parlamentaria, eliminándola y reemplazándola por un gasto institucional en sedes del Congreso en todo el territorio nacional, con estándares de probidad, transparencia y apertura a la ciudadanía, con el fin de asegurar la participación en el proceso legislativo.

El proyecto incorpora un Libro Sexto al Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre el derecho a la participación ciudadana en el proceso legislativo, con el fin de reconocer el derecho de la ciudadanía a la más amplia, oportuna, inclusiva e incidente participación en las funciones legislativas, fiscalizadoras y representativas que le correspondan al órgano.

Establece como objetivo de las sedes institucionales permitir el ejercicio del derecho de la ciudadanía a participar en el proceso legislativo, disponer de los medios para que los Diputados y las Diputadas de cada Distrito puedan realizar actividades institucionales, no pudiendo realizar actividades partidistas en ellas, socializar el proceso de creación y aprobación de las leyes y promover eficazmente el desarrollo de la cultura distrital y la difusión del patrimonio cultural del distrito y del Estado de forma abierta y colaborativa con la ciudadanía.

Por último, establece que deberá existir al menos una sede institucional en cada distrito y contemplarse planificaciones de visitas del personal a las comunas del distrito donde no esté materialmente ubicada para cumplir con el objeto de la Sede distrital de la Cámara. Además, las sedes institucionales deberán contemplar instalaciones para el desarrollo cultural abierto y colaborativo con la ciudadanía, instalaciones para el trabajo de los Diputados y Diputadas del Distrito y su personal de apoyo e instalaciones para la información legislativa y participación en el proceso legislativo.

El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.

 

Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14662-07.

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