Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la demanda de un juez que fue destituido por el Consejo Judicial Supremo.

El caso se refiere a un procedimiento disciplinario para destituir al demandante, juez y presidente de un tribunal. El procedimiento se inició a propósito de una publicación de un artículo periodístico, en el que se vinculaba al demandante con un caso de malversación de fondos. A raíz de este artículo y de varias denuncias presentadas ante el Consejo Judicial Supremo (CJS), el Inspector General del CJS ordenó la apertura de una investigación. A raíz de lo anterior, el pleno del CJS examinó el caso y, finalmente, decidió destituir al demandante por 13 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención.

El demandante consideró que se había vulnerado su derecho consagrado en el artículo 6 (derecho a un juicio justo) del CEDH. Asimismo, alegó que su desvinculación había supuesto una violación injustificada de su derecho a la reputación y al honor, y al respeto a la vida privada y familiar (artículo 8).

El TEDH refiere que, conforme el derecho interno, el CJS es un órgano jurisdiccional autónomo, que posee independencia respecto del poder ejecutivo. Asimismo, advierte que el CJS es un órgano establecido por ley que tiene plena competencia para iniciar procedimientos disciplinarios, valorar los hechos controvertidos y determinar la responsabilidad del juez acusado, luego de seguir un procedimiento legamente regulado. En virtud de lo anterior –considera– se trata de un órgano al que eran aplicables las garantías del artículo 6.