Proponen que la nueva Constitución establezca la finalidad, los límites, señale las garantías, indique el financiamiento y regule pormenorizadamente lo relativo a los Derechos Fundamentales.

La norma constitucional propuesta por los convencionales María Elisa Quinteros, Janis Meneses, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Elisa Giustinianovich, Gloria Alvarado, Alvin Saldaña y Bastián Labbé, busca establecer finalidad, límites, garantía, financiamiento y regulación de los Derechos Fundamentales.

Los autores de la iniciativa exponen que el país tiene una deuda histórica respecto de sus deberes de garantía y promoción de los derechos humanos, lo que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos civiles y políticos de sus habitantes, tanto en dictadura como en la actual democracia. Además, el abandono estatal respecto de los ámbitos de la vida social asociados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la negación de la autodeterminación de los pueblos, significó la instalación de un Estado subsidiario cuestionado por las y los ciudadanos, que generó una situación de malestar social que produjo el estallido social que abrió paso a este proceso constituyente.

Agregan que, se debe ampliar la noción de cómo se compone la sociedad y de cómo se entiende a los seres humanos, puesto que la sociedad no solo se compone de individuos, sino que también de colectivos y pueblos. Por lo mismo, analizan los derechos fundamentales como un sistema jurídico integral que constituye una limitación al ejercicio del poder, mientras que representan un motor para la actuación de órganos estatales. Pues, hasta el día de hoy los derechos fundamentales están categorizados por una perspectiva jerarquizada, lo cual ha tenido como consecuencia directa la protección de los derechos individuales y el descuido de los derechos sociales y de los derechos colectivos.