La moción, patrocinada por el senador Alfonso De Urresti y la senadora Ximena Órdenes, modifica la Ley General de Pesca y Agricultura, con el objeto de amparar las áreas protegidas y velar por la correcta preservación de dichas zonas y sus especies.
A modo de contexto, señalan que la actividad humana es una de las principales causas, tanto directa como indirectas, de pérdida de biodiversidad en el planeta, especialmente en los ambientes marinos. Todo esto por la alteración de los ecosistemas que la sustentan y por la sobreexplotación de especies que la componen.
Agregan que, en nuestro país esto se ha experimentado por las actividades de pesca y agricultura, las que han generado graves impactos a la biodiversidad, producto del crecimiento desmesurado de estas actividades y el escaso control, pese a contar con abundante regulación.
Indican que, esta situación atenta contra el deber del estado de protección del patrimonio ambiental, que consagra la Constitución, lo que amenaza también el medio ambiente y la sustentabilidad de actividades económicas de las que dependen varias localidades.
A mayor abundamiento, puntualizan que la sobreexplotación de la acuicultura de salmónidos ha comenzado a crear problemas ambientales y sociales en zonas extremas, en particular en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se concentra la mayor producción, lo que ha afectado la biodiversidad y los ecosistemas locales, a través de prácticas como del uso diversos antibióticos no biodegradables. Además, también preocupa la acuicultura de algas, pese que su producción es incipiente, por el uso de material plástico.
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Por ello, consideran que es necesario mejorar los instrumentos de protección diseñados por una estrategia de gestión territorial, a través de áreas protegidas, a fin de velar por la conservación de la zona costera. Esto, a través “zonas buffer” entre los ecosistemas y las zonas productivas, que establecen franjas de restricción para estas actividades, lo cual debe ser controlado por el Estado y sancionado en caso de que éstos se vean afectados por alguna práctica acuicultora.
También el proyecto señala que las concesiones de agriculturas otorgadas al interior de áreas protegidas o dentro de la franja de protección, caducarán por el solo ministerio de la ley, en el plazo de dos años desde la publicación de esta norma.
El proyecto pasó a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura del Senado.
Vea la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14.758-21.