La iniciativa de norma constitucional propuesta por Eduardo Castillo, Luis Barceló, Fuad Chahín, Felipe Harboe, Agustín Squella, Manuel José Ossandón, María Magdalena Rivera, Helmuth Martínez, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Botto, busca que la nueva Constitución dote de autonomía a la Defensoría Penal Pública.
Los autores de la iniciativa refieren que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE), otorgó a todos los organismos de la administración pública la categoría de servicios públicos descentralizados, es decir, no sometidos a jerarquía, sino tan sólo a supervigilancia o tutela, pero siguen integrando los cuadros orgánicos de la administración.
Observan que el concepto autonomía «está reservado por la doctrina para aplicarlo con mayor propiedad a los organismos a quienes la Constitución Política les ha dado ese carácter.» De ahí, entonces, que cada vez que el legislador utiliza la acepción «institución u organismo autónomo» se está refiriendo a los servicios públicos descentralizados. Así, la única forma de asegurar la verdadera autonomía de aquellos a los cuales se resuelva reconocerles dicho carácter es establecerlo en la Carta Magna.
Destacan que la importancia de la persecución penal exige que la Defensoría esté dotada de autonomía para desvincular las decisiones técnicas de las oportunidades políticas.
La idea matriz que inspira la propuesta es limitar al máximo el riesgo asociado a arbitrariedades en el marco normativo para resolver el problema tradicional de organismos que responden a grupos de presión, ya sea del Ejecutivo, el Legislativo o privados, como lo son ciertamente los del ámbito de la seguridad ciudadana.
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En base a tales consideraciones, los Convencionales Constituyentes que patrocinan esta iniciativa ingresaron a la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional la siguiente propuesta de norma:
“Articulado:
Existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Una ley orgánica determinará su organización y atribuciones».
Vea texto de la iniciativa de norma Convencional Constituyente.